Nación y Ciudad acordaron desalojar monobloques ocupados en el bajo Flores a la vera del Riachuelo

Los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos acordaron hacer cumplir la orden judicial de desalojo de un barrio de viviendas intrusado en el Bajo Flores porteño y destinado a habitantes de las riberas del Riachuelo que deben ser reubicados para su saneamiento.

Mediante un «procedimiento de actuación» arbitrado por la Corte Suprema de Justicia, del desalojo participarán fuerzas de las policías metropolitana y de la federal o gendarmería, pero también participarán ambulancias del SAME y de organismos sociales porteños.

Pero previamente unos 200 ocupantes ilegales del barrio -ubicado en Castañares y Riestra-, serán censados y garantizado su alojamiento, atención sanitaria y alimentación por parte de la Ciudad de Buenos Aires.

Las fuerzas metropolitanas actuarán desarmadas, en tanto las fuerzas federales realizarán un vallado externo durante el operativo y serán las encargadas de efectivizar el desalojo que «es de cumplimiento obligatorio», según dijo una fuente que participó del acuerdo.

Fuentes judiciales estimaron que el procedimiento establece un «modelo de actuación» susceptible de ser usado en otras situaciones de conflicto entre las diferentes jurisdicciones, como ya ocurrió en la crisis del Parque Indoamericano en octubre pasado, añadió la fuente.

El acuerdo para le cumplimiento de la orden judicial, impartida por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, el pasado 9 de marzo pero aun no ejecutada, fue alcanzado esta tarde por los ministro de Seguridad nacional, Nilda Garré, y metropolitano, Guillermo Montenegro, en el despacho del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Nación y Ciudad quedaron enredados en una disputa en torno a cómo ejecutar la orden de Armella para desalojar los edificios intrusados y destinados a reubicar a los pobladores de las villas «El Pueblito y «Lujan», ubicadas en el camino de sirga lindante con el Riachuelo, cuyo plan de saneamiento supervisa la Corte Suprema tras el fallo judicial «Mendoza», de junio del 2008.

El acta establece que el desalojo se iniciará «con un censo de salida» con la posibilidad de que los habitantes sean alojados en «dispositivos de atención transitoria del Gobierno de la Ciudad», que también deberá garantizarles alimentación, provisión de agua y asistencia médica.

«La mediación estará a cargo de la Ciudad Autónoma», y el personal de diferentes agencias y programas que lo realice «tendrá custodia policial y un vallado», aunque «se fijará un plazo de horas a fin de que los ocupantes manifiesten su voluntad de desalojar el lugar y si hay negativa se los trasladará obligatoriamente», consta en el acta.

«El Estado nacional, por su parte, a través de la fuerza que designe -Policía federal o gendarmería- «se hará cargo de establecer un cercado que impida otras ocupaciones y evite agresiones a los mediadores» que se prolongará hasta la finalización del operativo, incluyendo la entrega de las viviendas a los habitantes de «El Pueblito» y «Luján».

El procedimiento acordado establece que durante el operativo «se hará un acta constatando el desarme de la Policía metropolitana que acompañe a los mediadores y se procederá a la filmación de su acto».

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