Alak sostuvo que Montenegro miente cuando afirma que la justicia de la ciudad no es competente para entender en la usurpación de los departamentos ocupados” en Parque Avellaneda.

“Le recomiendo a Montenegro -dijo Alak- que lea la ley 26.288 que posibilitó la creación de la policía metropolitana y la ley 26.357 que transifirió la competencia del delito de usurupación del ámbito nacional al ámbito local.”

También aclaró que “la ocupación ilegal de los departamentos no es un tema civil ni ambiental, y como delito penal que es, es una usurpación, y corresponde la intervención del juez natural, que no es otro que el juez en turno de la justicia contravencional, penal y de faltas de la ciudad”.

Alak sostuvo que “la ocupación de los departamentos del Bajo Flores configuran el delito penal de usurpación y este delito, junto a otros once, fueron transferidos de la Justicia Nacional a la Justicia de la ciudad hace tres años, por ley del Congreso de la Nación, sancionada el 28 de febrero del 2008”.

Antes, en diálogo con Télam, el ministro afirmó que el desalojo de las familias que desde el sábado ocupan 204 viviendas en Parque Avellaneda, que son para pobladores de la ribera del Riachuelo, compete a la ciudad de Buenos Aires.

“Es la Justicia Contravencional, Penal y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires la que tiene competencia para actuar” porque los delitos penales como la ocupación de tierras “fueron transferidos por el Congreso de la Nación a la ciudad el 28 de febrero del 2008”, dijo a Télam el ministro de Justicia, Julio Alak.

El ministro indicó además que “este es un delito transferido en el año 2008 y debe intervenir la Policía Metropolitana. Tuvieron tiempo suficiente para tener una fuerza que pueda cumplir con las órdenes emergentes de la Justicia”, afirmó.

Esta tarde, en una conferencia de prensa, Mauricio Macri afirmó que “no hay promesas para la gente que tomó las viviendas” y que el gobierno que conduce “no va a dar beneficios a quellos que violen la ley”, porque “no es justo” para quienes sí la respetan.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dispuso ayer que la Policía Federal y la Metropolitana actúen en forma conjunta en el desalojo del complejo de viviendas ubicado en Lafuente y Castañares, en Parque Avellaneda, ocupado el sábado pasado.

Los 204 departamentos estaban destinados a albergar a 128 familias del asentamiento “El Pueblito” que viven en las márgenes del Riachuelo, como parte del programa de saneamiento de esa cuenca que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte designó al juez Armella para verificar el cumplimiento de ese plan elaborado en forma conjunta entre la Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, canalizadas en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).

La Corporación Buenos Aires Sur había contratado a agentes de la Policía Federal para custodiar el predio intrusado, por lo que en el escrito presentado hoy ante el magistrado, el Ministerio de Seguridad de la Nación afirma que esta circunstancia “no implica que la Federal haya actuado de oficio ejerciendo competencias propias”.

“Al contrario -destaca el escrito- implica que el sujeto que contrató los servicios se creía en la obligación de asegurar la custodia del lugar”, por lo que la vigilancia es “un acto propio de la ciudad de Buenos Aires que se consideró en la obligación de asegurar la custodia del complejo para mantenerlo libre de intrusiones.”

El juez Armella dio plazo hasta mañana para que las personas que usurparon del complejo habitacional se retiren del lugar, aunque las autoridades aspiran a que el problema se resuelva “con participación de asistentes sociales del gobierno de la ciudad y no a través de la policía”, según revelaron a Télam fuentes oficiales.

El predio en cuestión era vigilado ayer en forma conjunta por agentes de la Federal y la Metropolitana, pero su acción se limitaba a establecer un cerco perimetral para evitar que ingresaran más intrusos y frenar la entrada de objetos.

Los ocupantes, en su mayoría mujeres embarazadas o con niños en brazos, se acercaban esta tarde al alambrado que divide el complejo con la avenida Lafuente, para expresar que se sentían “estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que los había inscripto en planes para obtener una casa” y que no les habían cumplido.

“Queremos que nos den la vivienda, nada más. Mi nieta hace dos años que anda rondando con sus dos hijos”, dijo una mujer quien estimó que “en el predio hay alrededor de 140 familias y unas 40 criaturas sin agua y sin luz, porque cortaron los servicios”.

No obstante, autoridades de la Capital aseguraron que en el complejo sólo había entre 75 y 95 personas.