Fuentes judiciales indicaron a Télam que el magistrado se opuso a la excarcelación de Denaro “bajo ningún tipo de caución” y basó su negativa en la posibilidad que, en caso de recuperar la libertad, el dirigente mutualista pueda entorpecer la investigación.

Los mismos informantes revelaron que, apenas conocida la resolución de Oyarbide denegando la excarcelación, el penalista Pablo Slonimsqui, defensor de Denaro, presentó un recurso de apelación para que la Cámara Federal revise el fallo.

La Sala II de ese tribunal revocó ayer los procesamientos con prisión preventiva y ordenó la liberación de otros dos imputados (Carlos Trippi y Marcos Ludueña) y ordenó al magistrado diversas medidas para corregir la “desordenada instrucción” del caso.

Los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani entendieron que esos procesamientos fueron “prematuros” y que Oyarbide “no ha logrado aún una eficaz dirección de la pesquisa”, al tiempo que lo instaron agotar todas las “diligencias y producción de pruebas antes de adoptar temperamentos como la detención” de imputados.

Denaro está imputado por “defraudación” al Estado a través de una asociación ilícita que integraría, entre otros, Solange Bellone, viuda del asesinado Sebastián Forza, una de las tres victima de la “masacre de General Rodríguez”, y procesada en esta causa.

La detención del mutualista se practicó el jueves último en el marco de los procedimientos que llevaron también a la captura del sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas, liberado al día siguiente tras una indagatoria anticipada y de pagar una caución real de 500 mil pesos.

Durante la indagatoria, Denaro negó haber suministrado medicamentos vencidos o adulterados, así como que existieran denuncias de pacientes damnificados, y aseguró que “todos los remedios habían sido comprados a droguerias habilitadas en el registro del Ministerio de Salud de la Nación.

La causa tuvo en las últimas dos semanas nuevos avances ya que, además de Venegas, Oyarbide ordenó la detención del ex inspector bonaerense José Luis Salerno y otras seis personas, incluyendo a la responsable de la farmacia del Hospital Posadas, de Haedo, de la cual salían remedios a punto de vencer o vencidos para reintroducirlos al circuito comercial.

En la causa continúan detenidos el sindicalista bancario Juan José Zanola, como jefe de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos supuestamente adulterados y por fraude al Estado y su esposa Paula Aballay, quien estaba al frente del Policlínico Bancario, entre otros.