Asimismo, contempla que la vivienda desocupada, como “contraria al interés social”, será gravada por el triple de su tributación en los casos en que estén deshabitadas por más de un año.

El ex-jefe de Gobierno porteño y legislador del Frente Progresista Popular (FPP), Aníbal Ibarra, explicó a Télam que “hoy la ciudad de Buenos Aires tiene un claro desequilibrio en el mercado de los alquileres, en el que los inquilinos deben cumplir con condiciones cada vez más costosas, mientras que muchas viviendas permanecen ociosas por la especulación inmobiliaria”.

“Esa situación debe ser subsanada por el Estado, que es quien debe garantizar el derecho a una vivienda digna. Esta ley viene a equilibrar un mercado en el que el gobierno porteño ha dejado que el libre juego del mercado especule sobre su propia falta de políticas habitacionales”, agregó.

La legisladora del FPP María Elena Naddeo dijo a Télam que “los porteños atravesamos un problema habitacional en el que hay muchas familias que no pueden acceder a una vivienda a pesar de que hay muchas viviendas desocupadas, y eso es por la ambición de los que construyen y por la pasividad del gobierno porteño”.

“Las constructoras hace años que han elegido construir torres de departamentos suntuosos en lugar de viviendas familiares, y el gobierno porteño nunca presentó un proyecto de soluciones habitacionales que compense eso ni intentó regular el mercado para evitar este desequilibrio”, añadió.

El legislador de Nuevo Encuentro (NE) Edgardo Form señaló a Télam que “esta no es una norma contra los propietarios, es una norma para proteger a los inquilinos, para garantizar que todos los porteños puedan acceder a un techo”, agregó.

El senador de NE por Tierra del Fuego Osvaldo López, que impulsa un proyecto de similares características en el Congreso de la Nación, dijo a Télam que “cuando el Estado no legisla en una actividad comercial, lo que impera es la ley del mercado, y lo que tiene que hacer el estado es impedir los abusos del más fuerte”.

El secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, declaró a Télam que “esta norma piensa en la familia de muchos laburantes que no pueden acceder a los pocos planes de vivienda del gobierno porteño y que terminan en un mercado de alquileres donde, a falta de un Estado presente, el mercado les impone las condiciones que se le cantan”.

“Creemos en un Estado garante de la igualdad de oportunidades, en un Estado presente que evite abusos sobre los más débiles, por eso los trabajadores apoyamos esta norma y alentamos la regulación del mercado inmobiliario por parte del estado”, completó.

La presentación se realizó en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, Carlos Calvo 2363.