En su discurso, la jefa del Estado remarcó la importancia del plan que “es una herramienta más para terminar con el trabajo ilegal”, al tiempo que destacó que desde el 2003 a la fecha se hizo mucho en tal sentido y “hemos logrado el porcentaje más alto de trabajadores formales de las últimas décadas”.

Se tomó entonces del informe que previamente había hecho Tomada para ratificar que “en la década del ’90 cada diez puestos de trabajo que se creaban, nueve eran ilegales y hoy de cada diez que se crean, ocho son legales”.

En medio de las denuncias sobre “trabajadores esclavos” en el campo, la mandataria reclamó entonces al Congreso que coloque en su agenda “un instrumento legal” para combatir el empleo ilegal en zonas rurales.

“Quiero hacer una distinción entre trabajo ilegal y trabajo esclavo”, afirmó, porque “el trabajo esclavo es algo más, es un escalón más en la falta de dignidad en el trabajo”.

Calificó entonces como “condiciones infrahumanas” las que sufren en algunos casos los trabajadores rurales.

Tanto la presidenta como el ministro de Trabajo, exhortaron en sus discursos “a no hablar de trabajo en negro porque es discriminatorio” y recomendaron hablar de “trabajo ilegal”.

El plan “Trabajo registrado digital-Control en tiempo real” consiste en informatizar “la fiscalización con la puesta de la tecnología de punta al servicio del empleo”.

Según informó el ministerio de Trabajo, se podrá realizar el relevamiento digital y constatar en el momento de la fiscalización la situación registral de los trabajadores mediante una conexión vía web de las herramientas a las bases de datos de la Seguridad Social.

En el acto, la presidenta entregó tres notebooks en forma simbólica a tres inspectores de distintos puntos del país.

Asimismo, se puso en marcha un sistema para elaborar un “ranking del total de empresas considerando la probabilidad estimada de que las mismas incumplan con la normativa laboral”.