Mientras continúa la polémica por la supuesta malversación de fondos públicos en el plan Sueños Compartidos, la titular de Asuntos, la duhaldista Graciela Camaño, y el de Vivienda, el radical Hipólito Faustinelli, cursaron sendas invitaciones para que Bonafini se presente en la Cámara el próximo jueves a las 10 en la sala 1 del anexo, tal como lo hizo Schoklender la semana pasada.

Por el caso, Barcesat cargó contra la comisión de Asuntos Constitucionales porque -según dijo- “en principio ha extrapolado sus funciones reglamentarias”.

“Creo que ha desmerecido a las instituciones incurriendo en la conducta que incurrió. Me parece que investigar un tema de uso de fondos públicos no es lo suyo”, señaló el abogado en referencia al rol del cuerpo que dirige Camaño.

En declaraciones a Radio El Mundo, el letrado afirmó que el jueves pasado durante la declaración de Schoklender “entre las dos comisiones lograron un número muy inferior al quórum necesario para que funcionara, de manera que como reunión fue una
reunión totalmente no reglamentaria, informal”.

“Entonces frente a estos datos tendremos que ponderar si Hebe debe concurrir o no, si se ha puesto a disposición de la Justicia”, explicó.

“Personalmente favorecería que vaya, si el tema son cuestiones de su incumbencia o de las que tuvo conocimiento por haber pasado bajo su presencia, pero Hebe no es una funcionaria, no integra los otros poderes del Estado como para ser convocada”, remarcó Barcesat.

El abogado de las Madres destacó que “Hebe jamás quiso ser ni pretendió ser una empresa”.

Según el abogado, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender “tenían un poder amplio de administración y disposición” en la fundación.

“Yo entiendo que debe haber dos planos de investigación. Por un lado si hubo correspondencia entre la obra entregado o en proceso de ejecución y los certificados abonados, y segundo plano de la investigación, qué pasó con esos fondos una vez que fueron entregados a la Fundación”, agregó Barcesat.