La decisión del Tribunal Superior de Justicia correntino fue comunicada a Garré por medio de un escrito en el que se le informa que, en forma independiente de la investigación penal, se decidió aplicar una multa del 50 por ciento del salario de un juez de cámara mas 1.278.000 pesos por responsabilidad patrimonial.

Los abogados condenados presentaban medidas cautelares en juzgados de notoria incompetencia, dado que los reclamos salariales de los gendarmes y de prefectos son de competencia federal, con el objeto de asegurarse conseguir esas medidas en perjuicio del Estado Nacional.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso su posición sobre la “justicia cautelar” en contra del Estado el primero de marzo en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Parlamento al anunciar un paquete de leyes para democratizar la justicia.

En esa ocasión volvió a reiterar que “La medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del Derecho, en una fuente de injusticia, de inequidad y de negación de administración de justicia”.

Los abogados condenados por el tribunal de Justicia consiguieron, a través de los juzgados de Santo Tome que conducían los destituidos Graciela Duarte y Humberto De Biase Echeverria, beneficiar a más de 12000 personas contra el Estado Nacional.

Además, la justicia comunicó a Abal Medina y Garré que pidió al tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados que evalúe la conducta ética de los profesionales y remita para su conocimiento la copia de la resolución a la AFIP para que evalúe su probable crecimiento patrimonial.

Mediante un fallo de 15 páginas, el Tribunal Superior de Justicia correntino consideró que “no podía permanecer pasivo, ante la clara actuación de los mencionados, quienes como abogados y representantes legales fueron los que iniciaron acciones de amparo” contra organismos del Estado nacional “puesto que en tal carácter no podían desconocer su inadmisibilidad”.

En la página 5 del fallo firmado, entre otros, por el presidente del Tribunal Superior, Carlos Rubín, se recordó dicho Tribunal “ya se había encargado de sancionar e investigar la conducta de los Señores jueces que entendieron en las causas, sabiendo que” son esos magistrados “quienes deben poner los límites y comportarse como garante fiel del debido proceso en el juicio”.

En la misma dirección, se señala que “correspondía examinar el comportamiento de los abogados que fomentaron las causas, pues su conducta podría haber contribuido a la afectación del normal desarrollo de los juicios”.

El documento judicial incluye, además, un detalle de las acciones realizadas por los abogados Serial y Milán en perjuicio del Estado nacional en el marco de los reclamos salariales de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y concluye que fueron 53 acciones en favor de 12.674 beneficiarios.

Es en ese contexto que el tribunal resolvió “sancionar disciplinariamente” a ambos abogados y aplicarles una multa económica por su “responsabilidad patrimonial” equivalente a cien pesos por beneficiario más 200 pesos por acción judicial emprendida, lo que arroja un total de 1.278.000 pesos.