Además, dispuso que se le solicite a Interpol que revalúe los pedidos de detención contra tres acusados que no están en vigencia y que “extreme los esfuerzos y recursos para averiguar el paradero de los imputados”.

Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, de la Sala I del tribunal de alzada, revocaron un fallo del juez federal de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, que avaló el memorándum al hacer lugar a un planteo, mediante una acción de amparo, de la mutual y de la DAIA.

Ahora el Gobierno apelará la medida ante la propia Corte Suprema de Justicia, facultad con la que cuenta debido a que es parte del pleito como demandado. El trámite de apelación fue anunciado esta noche a la prensa por el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y el canciller Héctor Timerman.

El memorándum -firmado en Adis Abeba (Etiopía) el 27 de enero del año pasado por Timerman y su par iraní Ali Akbar Salehi y aprobado un mes después por el Congreso Nacional a través de la ley 26.843- estableció una “Comisión de la Verdad” entre ambos países para analizar las pruebas de la causa.

En su voto, el juez Farah sostuvo que el memorándum es “sustituto de la averiguación de la verdad” y que la Comisión “importaría admitir la indebida intromisión” de la Cancillería “en cuestiones ajenas a su competencia constitucional y, en consecuencia, aceptar una violación flagrante a la división de poderes ínsita en el sistema republicano de gobierno”.

“El Memorándum no ha venido a mejorar el status quo existente en la causa al respecto, sino que, por el contrario, lo posterga indefinidamente en el tiempo y, en todo caso, lo sujeta al tenor de las recomendaciones de una Comisión cuya naturaleza, atribuciones y objetivos pueden interferir sobre la actuación judicial”, sostuvo el camarista.

Y agregó que “las negociaciones diplomáticas entre ambos países dejaron de lado el real conflicto existente en torno a una asistencia judicial que fue requerida por el Juez de la causa y negada hasta el momento por el Gobierno de la República Islámica de Irán”.

Farah dejó afuera de las críticas a Néstor y Cristina Kirchner, sobre quienes resaltó “los múltiples esfuerzos en procura del esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido y del avance de la investigación”.

Por su parte, el juez Ballestero señaló que una de las falencias del memorándum es la falta de participación de las víctimas: “No fue estipulado que la Comisión mantenga algún tipo de trato con ellas”.

“Todas las Comisiones de la Verdad admitidas como tales, sin excepción, han previsto la participación de las víctimas, de suerte que se trata de un requisito sine qua non para diferenciarlas de otro tipo de comisiones que no se ajustan a los estándares internacionales”, agregó.

Ballestero también consideró que la Comisión se inmiscuye en las funciones del Poder Judicial.

El juez la calificó como “un organismo alternativo a la Justicia”, cuyas facultades de análisis del caso “se superpondrán con aquellas que constitucionalmente le son asignadas, de manera exclusiva, al magistrado que interviene en el expediente”.

Así, consideró que se está ante “la imposibilidad de sostener la vigencia de una ley que otorgó legalidad a un acto del Poder Ejecutivo que, lejos de echar luz para alcanzar la verdad y la justicia sobre uno de los crímenes internacionales más graves de la historia, arrojan al vacío el incesante reclamo de los damnificados”.

“El Memorándum suscripto entre ambas naciones no logró ofrecer una respuesta satisfactoria a las innumerables interrogantes que la causa judicial plantea”, concluyó.

El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 y provocó 85 muertes y heridas a gran cantidad de personas.

Tuvo un primer juez, Juan José Galeano, que fue destituido por irregularidades en el trámite, que derivaron en un juicio en el que todos los acusados de la supuesta “conexión local” fueron absueltos, entre ellos miembros de la Policía Bonaerense y el ex reducidor de autos y actual abogado Carlos Telleldín, quien había involucrado a los uniformados luego de recibir un pago de dinero presuntamente proveniente de la SIDE.

El juez Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman solicitaron la captura internacional de seis iraníes acusados de planificar el atentado: Imad Fayez Mughniyah (asesinado en un atentado en Siria), Ali Fallahijan, Mohsen Rabbani (ex agregado cultural iraní en Buenos Aires), Ahmad Reza Asghari, Ahmad Vahidi (ministro de Defensa de Irán) y Mohsen Rezai.

Pero Irán nunca detuvo a los acusados ni colaboró con la investigación. Además, el memorándum no pasó por el Parlamento persa, sino que fue aprobado por ese régimen mediante un trámite virtualmente administrativo, posibilidad que le permitía el propio convenio en uno de sus puntos.