La Justicia aceptó el amparo contra el cierre de antenas de TDA

La Justicia hizo lugar a la presentación realizada por el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, ante los tribunales federales cordobeses, contra la decisión del gobernador José Manuel De la Sota de cerrar varias antenas de la Televisión Digital Abierta.

En el recurso de amparo, elevado ante los tribunales federales de esta provincia, Sabbatella se pronunció en contra de las clausuras de las antenas de TDA ubicadas en las ciudades de Río Cuarto, Leones y Villa María, el cual fue admitido el mismo día por el juez Alejandro Sánchez Freytes.

El delegado en Córdoba de la AFSCA, Carlos Vicente, informó a Télam que el juez federal resolvió esta tarde la “admisibilidad” del recurso presentado por Sabbatella, al tiempo que dispuso correr vistas al fiscal federal correspondiente, y resolvió notificar a la provincia para que en un plazo de 48 horas hábiles entregue un informe sobre los puntos planteados en el recurso.

Además, no se descarta que también se corra vistas al fiscal federal de la Ciudad de Villa María, en razón que una de las antenas clausuradas por De la Sota se encuentra en esa ciudad del sudeste cordobés.

Sabbatella afirmó, en tanto, que la clausura de antenas “demuestra que es una decisión política de atacar la libertad de expresión, lo que es una manera también de atacar la democratización de la palabra, de las voces”.

“Estamos pidiendo que la Justicia intervenga rápidamente” y “pedimos esta medida porque es evidente que esta decisión del gobernador está basada en un supuesto argumento técnico ambiental que claramente es falso”, aclaró.

Sabbatella añadió que el Ministerio de Planificación y Arsat “han cumplido con el conjunto de requisitos que les ha solicitado la provincia de Córdoba”.

Precisó que el sistema que utiliza TDA “funciona en todo el mundo como en Japón o en Brasil, para poner algunos ejemplos, está en 21 provincias de nuestro país y en casi 80 municipios, pero el único lugar del mundo donde pareciera ser que hay problemas con las antenas desde el punto de vista técnico ambiental, es en Córdoba”.

“Esto no ataca solamente a los medios públicos, porque la TDA garantiza también la posibilidad de medios privados”, los que mediante una solicitada publicada hoy, “han denunciado públicamente este acto de censura y de ataque a la libertad de expresión y a la libertad de información”, agregó.

Por su parte, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, calificó como “autodestructivo” al gobernador de Córdoba “porque atenta con la propia actividad principal de Córdoba, que es la actividad industrial, son empresas pymes de desarrollo tecnológico importante”.

De Vido aclaró que las antenas “no constituyen ninguna agresión para el medio ambiente”, como argumenta el mandatario cordobés para disponer las clausuras, y consideró que “cualquier señal de FM está emitiendo más radiación que la de Televisión Digital Abierta”.

En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, sostuvo hoy que la decisión del gobernador mediterráneo es “puramente política”, al sostener que “evidentemente tiene acuerdos con el Grupo Clarín”.

Fresneda concurrió hoy también a los tribunales federales de Córdoba, donde acompañó a Sabbatella, y consideró: “Creo que la decisión (de De la Sota), de clausurar ante la TDA es puramente política”, porque “evidentemente tiene acuerdos con el Grupo Clarín que está con mucho miedo que vaya perdiendo clientes Cablevisión”.

Esta mañana, De la Sota inauguró formalmente las sesiones ordinarias de la Legislatura cordobesa y eludió hacer mención a la clausura de antenas.

Asimismo, los canales de televisión nacionales Telefe, Canal 9, América, CN23, A24, Arpeggio y Suri TV; y los cordobeses Canal 8, Canal 10 y CBA 24 alertaron que la clausura de las estaciones transmisoras de la Televisión Digital Abierta por parte del gobierno cordobés “es inconstitucional”.

Lo hicieron a través de una solicitada publicada hoy en los principales matutinos nacionales, en la cual advirtieron también sobre el “grave ataque a la libertad de expresión” que constituye la medida.

Las señales subrayaron que “esta medida es inconstitucional ya que impide el despliegue de los servicios de radio y televisión que han sido cedidos por las provincias al Estado federal”.

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