La iniciativa recupera un proyecto original presentado hace dos años y medio que pasó a la Cámara baja, pero que perdió estado parlamentario ya que nunca recibió tratamiento.

El proyecto establece una reparación económica para los derechohabientes de los muertos, calculada de la multiplicación por 200 del sueldo de un agente Clase A “0” del Estado Nacional, que en la actualidad se calcula en 9.012 pesos mensuales.

En tanto, los heridos graves recibirán el 70 por ciento de ese monto; y los heridos leves, el 60 por ciento.

La iniciativa también establece que la reparación será distribuida entre los herederos de las víctimas de acuerdo con el carácter de prelación establecido en el Código Civil.

Además, la norma establece que quienes hayan accedido al beneficio deberán desistir de cualquier acción legal y renunciar a entablar futuras acciones judiciales sobre el mismo hecho contra el Estado argentino.

Una de las autoras del proyecto, la justicialista puntana Liliana Negre de Alonso, consideró que “es un hecho lamentable que, después de tanto tiempo, las víctimas se encuentren recorriendo los pasillos de tribunales que buscan una reparación luego de que en 2009 este cuerpo le dio media sanción pero que caducó en la Cámara de Diputados”.

Negre mencionó que la indemnización es del doble que la pagada en el caso de las víctimas por la voladura de la Embajada de Israel en virtud de que se trata de una “reparación integral con reconocimiento del Estado Nacional ante la ONU sobre responsabilidad en prevención, investigación y perjuicios”.

“Comprende el daño económico propiamente dicho, lucro cesante y daño moral”, remarcó sobre la indemnización al señalar que en Diputados se cayó porque muchos legisladores expresaron su oposición a que el dinero destinado a pagar estas reparaciones sea mayor que el que se usó para las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado.

Por el contrario, la senadora del Frente Cívico de Córdoba, Norma Morandini, se manifestó en contra de la iniciativa al preguntar en el recinto: “¿por qué vamos a hacer diferencias entre las víctimas? ¿En razón de qué vamos a hacer diferencias de las víctimas?”.

En ese sentido, el presidente del Bloque del PJ, Miguel Pichetto, defendió el proyecto argumentando que en el caso de las desapariciones de personas “el Estado argentino asumió la responsabilidad tras el proceso de la dictadura y le fijó una reparación económica”.

“Esta reparación, en cambio, es una indemnización integral.

Desde el punto de vista del Código Civil así es la reparación”, sentenció.

La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, adelantó que votaba a favor de la iniciativa pero dejó sentadas sus dudas al decir que entendía que las “85 familias de la AMIA y los 250 lesionados deben recibir esta reparación” pero que no comprendía “el criterio de por qué en este caso se paga más del doble de lo que se pagó a las víctimas de la Embajada”.

A continuación, el Senado aprobó un texto en el que expresa su “profundo dolor” al cumplirse un nuevo aniversario, el pasado 18 de julio, del ataque contra la mutual judía.