La iniciativa -anunciada ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- contempla, entre otras cuestiones, un tope de hasta 1.000 hectáreas para un mismo titular y fija máximos para la participación de sociedades extranjeras.

La iniciativa recibió ayer el respaldo del oficialismo, del radicalismo, y de Proyecto Sur, mientras que el PRO expresó sus objeciones a este proyecto diseñado desde el gobierno nacional.

Además, determina en un “20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional” para personas y empresas.

Pero, en caso de personas y empresas extranjeras de una misma nacionalidad, “no podrán superar el límite de 30 por ciento del porcentual asignado en el artículo 7”, es decir, un 30 por ciento de ese 20 por ciento mencionado en el párrafo anterior.

Se estima que el proyecto, remitido anoche al Congreso Nacional, será girado a las comisiones de Legislación General, y Agricultura y Ganadería.

La norma, denominada de “Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión, o tenencia de tierras rurales”, tendrá en cuenta la localización de las tierras, su “capacidad y calidad para uso y explotación”, y la “situación de otras tenencias de tierras rurales del adquiriente”, a la hora de fijar límites.