El camarista, competente en una de las principales causas en las que el grupo Clarín es parte, fue denunciado por asistir a la III Cumbre de Medios de Comunicación, auspiciada por Cablevisión y organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información en América Latina (CERTAL), que integran directivos del grupo Clarín y cuya coordinadora en Argentina es Ana Inés Recondo, hija del camarista Gustavo Recondo.

En la denuncia, que cuenta con el patrocinio de la Procuradora del Tesoro de la Nación, María Esther Abbona, se imputa al juez de la Cámara Civil y Comercial de haber recibido una dádiva para influir en la resolución de un caso en el que una de las partes es el grupo Clarín.

Los denunciantes aseguran que “la invitación a un supuesto acontecimiento académico no fue otra cosa que el otorgamiento de un beneficio para el magistrado De las Carreras, tanto por lo hasta aquí realizado por su actividad jurisdiccional (otorgó dos medidas favorables al grupo Clarín) como por lo que en lo inmediato debería hacer, en el marco de su competencia en la causa `grupo Clarín y otros s/medidas cautelares´”.

“Para lograr ese cometido se habría utilizado como pantalla la estructura de una asociación sin fines de lucro, el CERTAL, el cual desarrolla bajo ese paraguas conceptual una deliberada estrategia de presión sobre gobiernos, dirigentes, jueces y opinión pública en general, con el propósito de mantener los privilegios de los grupos monopólicos que la financian”, se agrega.

La denuncia destaca además que uno de los principales financistas del CERTAL -la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA) tiene como uno de sus principales asociados a la empresa del grupo Clarín ARTEAR S.A, al tiempo que hace un análisis comparativo entre directivos que figuran con nexos en las diversas empresas del Grupo.

El fiscal considera que, en ese sentido, el escrito presentado por el Jefe de Gabinete suministra “una serie de indicios sobre la posible relación entre la asociación sin fines de lucro que habría otorgado el beneficio (CERTAL), CAPPSA, y el grupo Clarín, los cuales darían cuenta de la presencia dominante de directivos del grupo Clarín en las organizaciones que defienden intereses empresarios en materia de medios de comunicación, de modo que el grupo Clarín es quien verdaderamente controla, habida cuenta de su notable poderío económico”.