Una drástica baja de subsidios durante los próximos dos años, la “racionalización” del empleo público, menos obras de infraestructura y posibles modificaciones en el sistema jubilatorio, son algunos de los puntos clave de la “Carta de Intención” que el Gobierno envió al FMI.

Para realizar sus proyecciones fiscales, la Casa Rosada trabajó con un supuesto de crecimiento económico del 0,4 por ciento para este año, a raíz de la “reciente volatilidad de los mercados financieros, la sequía que afectó a nuestro sector agropecuario y la suba en los precios mundiales de la energía”.

El Poder Ejecutivo subrayó que uno de los “ejes centrales” del plan económico “es acelerar el ritmo al que venimos reduciendo el déficit primario desde 2016”.

Según el texto oficial, el esquema fiscal de mediano plazo elegido “garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8 por ciento del PBI hacia fines de 2021”.

Además, el Gobierno anticipó que en octubre próximo enviará la Ley de Presupuesto al Congreso que apunta a un “déficit primario del gobierno nacional de 1,3 por ciento del PBI en 2019, siendo esta una de las metas estructurales de nuestro programa”.

“Considerando la incertidumbre que enfrentamos actualmente, nuestras proyecciones de ingresos públicos en el presupuesto serán conservadoras e incluiremos, en forma prudencial, reservas de gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos”, puntualizó.