En caso de recibir media sanción, la iniciativa quedará en condiciones de ser convertida en ley tras el debate en la Cámara de Diputados.

El proyecto introduce lo que se conoce como la “opción excluyente” u “opción con renuncia”, según la cual el trabajador damnificado por un accidente laboral o sus familiares deberán elegir entre cobrar la indemnización de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) o reclamar una reparación integral mayor en un juicio civil.

La propuesta, anunciada públicamente por la presidenta Cristina Fernández, recibió dictamen favorable en el Senado el martes pasado, con el apoyo del Frente para la Victoria (FPV) y del radicalismo.

En cambio, el Frente Amplio Progresista (FAP) rechazó la norma y anticipó que presentará un dictamen de minoría de un proyecto propio.

El bloque de senadores del radicalismo apoyó el dictamen pero se quejó -al igual que los miembros del peronismo disidente- de no haber escuchado antes a representantes de la CGT y de la CTA.

Por esa razón, convocó para el próximo martes, a las 15, al jefe de la CGT, Hugo Moyano, y al titular de la CTA, Pablo Micheli, con el objetivo de que expongan en el Senado su posición sobre el proyecto del Gobierno, un día antes de que la iniciativa llegue al recinto.

El oficialismo descuenta que contará con los votos necesarios para dar media sanción al proyecto en la sesión del miércoles 3 de octubre, dijeron fuentes del bloque oficialista.

El proyecto deroga la llamada “doble vía”, o sea, la posibilidad actual de cobrar la indemnización tarifada de la ART y de reclamar a la vez un resarcimiento mayor ante la justicia laboral, si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente.

Otro cambio importante es el hecho de que se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo del fuero laboral al fuero civil.

Además, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20 por ciento y fija una actualización de los montos en forma semestral.

La iniciativa también posibilita la formación de las llamadas ART-Mutuas sin fines de lucro entre las entidades de empresarios y los sindicatos.

Además, y con el fin de compensar el incremento de las tarifas, el proyecto fija un tope a los honorarios de los abogados en el 20 por ciento.

Al defender la iniciativa en la comisión de Trabajo del Senado, esta semana, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que “el proyecto será bueno si la indemnización es buena y no se desactualiza en el tiempo, y si la plata de la indemnización llega rápido al trabajador”, sostuvo el titular de la cartera laboral.

A su vez, el jefe del bloque de senadores kirchneristas, el senador rionegrino Miguel Pichetto, consideró que el proyecto “tiene sentido reparatorio” porque “buscar una retribución justa para el trabajador”, y opinó que “también es generador de empleo porque le da previsibilidad a las empresas”.

Desde el sindicalismo, el secretario general de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), Andrés Rodríguez, sostuvo que la iniciativa es un avance porque “hasta ahora no se beneficiaban ni los trabajadores ni los empresarios, solamente lo hacían los estudios de abogados”.

La gerenta general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, Mara Bettiol, celebró las medidas al señalar que se trata de “un paso importante” para resolver uno de los “focos de litigiosidad” existentes.