La ley aprobada, tras cuatro horas de debate, busca llenar una exigencia hecha a la Argentina por los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se reunirán el próximo 22 de junio en México.

El proyecto establece la tipificación como delito autónomo del lavado de activos, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado “autolavado”.

El proyecto amplía, además, las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la judicatura, mediante modificaciones a la Ley 25.246, e incorpora nuevos sujetos obligados.

Además, los montos de punibilidad del tipo penal se elevaron a 300 mil pesos y se estipuló que quien realiza una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos tiene la misma pena que el encubrimiento.

También prevé la autonomía y autarquía financiera de la Unidad de Información Financiera.

En relación al procedimiento de designación de la UIF, exige que se realice un concurso público, transparente y abierto en el ámbito del Ministerio de Justicia y aplicando luego el procedimiento que hoy prevé el decreto 222/03.

Según el proyecto, el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.

También se prohíbe iniciar investigaciones de oficio o a partir de los reportes automáticos y, en el caso de la UIF, establece que no podrá querellar.

Finalmente, el plazo para informar operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos.

En el mismo debate el Senado aprobó una Ley correctiva que modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la UIF.

En el caso específico de los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas, serán “sujetos obligados” cuando preparen o lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; y creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compraventa de entidades comerciales.

“En el caso de los profesionales en Ciencias Económicas, la obligación se extenderá a su actuación como auditores externos de estados contables”, reza el proyecto.

La ley correctiva establece, además, que los sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la UIF.

Los Colegios Públicos, Consejos Profesionales, Cámaras sectoriales e instituciones análogas podrán desarrollar dichos manuales y establecer programas para la capacitación de sus matriculados o asociados para la detección de maniobras de lavado de activos.

Asimismo, el Estado Nacional establecerá a través de la UIF programas de capacitación de personal para el cumplimiento de los objetivos de la ley de carácter gratuitos para los sujetos obligados.

Al iniciar el debate, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, la justicialista disidente Sonia Escudero reconoció que la sanción de la primera Ley es “para tener una Ley antes de la reunión del Grupo de Acción Financiera”.

“Me molesta legislar con el apuro de los plazos que se vencen. El GAFI pidió esta aprobación en 2004. No se qué estuvimos haciendo desde entonces hasta ahora”, afirmó.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, defendió que la Unidad de Información Financiera dependa del Poder Ejecutivo, algo que fue cuestionado por la oposición.

El senador rionegrino dijo que la UIF “es un órgano que no debe estar fuera del Poder Ejecutivo” porque “tiene que ver con las políticas públicas”.

Previamente el radical Ernesto Sanz dijo que “en la Argentina, organismos que tienen tanto poder deben estar alejados del poder”.

“Este tema está fuera de cualquier gobierno. Esto no es kirchnerismo contra oposición. Esto debe ser política pública del Estado, no del gobierno”, opinó.

El socialista Rubén Giustiniani reconoció que “actuamos de apuro, pero este debate hace de la seguridad de todos los ciudadanos”, tras lo cual agregó que “el lavado promueve la corrupción y esa corrupción adquiere niveles muchísimos más preocupantes cuando se convierte en impunidad”.