Provítola declaró este martes durante dos horas ante el fiscal penal de La Plata, Marcelo Romero, que investiga una denuncia presentada por el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, por la presunta instigación al delito de policías y retirados de la fuerza con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Daniel Scioli.

Una fuente judicial explicó a Télam que la funcionaria “confirmó al fiscal que Asuntos Internos investiga a varios policías y ex policías ante denuncias anónimas que indican que reclutan a menores para cometer delitos, en general robos a mano armada”.

Detalló que Provítola entregó al fiscal copias de las investigaciones administrativas que lleva adelante esa área y otros expedientes sobre irregularidades en las Plantas Verificadoras de automóviles, dependencia en la que Stornelli produjo cambios en noviembre pasado.

Según la fuente, la mayor parte de las investigaciones corresponde a plantas ubicadas en los departamentos judiciales donde se cometieron los crímenes de la arquitecta Renata Toscano, la maestra Sandra Almirón y la bioquímica Ana María Castro.

Además confirmó que “también se investigan causas de narcotráfico en las que puede haber policías implicados” y resaltó que “ante cada denuncia, por orden del ministro Stornelli se inicia la correspondiente investigación interna”.

Es que la denuncia de Stornelli pretende que se investigue si el homicidio de esas tres mujeres ocurridos en el Gran Buenos Aires podrían tener conexión con las modificaciones y el relevo de parte de personal policial que se desempeñaba en la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor.

Al retirarse de los Tribunales platenses, la titular de Asuntos Internos explicó que aportó al fiscal “toda la documentación que solicitó”, aunque evitó referirse al contenido de la investigación.

Romero espera también que la cartera de Seguridad le gire un informe detallado del personal relevado del área de Automotores y dispuso además que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, César Arias, declare por oficio.

Arias denunció públicamente en octubre pasado que efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires “reclutan menores en villas y asentamientos de emergencia a cambio de protección y dinero para que cometan asaltos y crímenes”.

En la causa, además de Stornelli, declararon el jefe de la Policía, Juan Carlos Paggi; el Superintendente de Coordinación Operativa, Salvador Baratta, y el de Investigaciones en función Judicial y Evaluación para la Prevención del Delito, Hugo Matzkin, quienes apoyaron la denuncia efectuada por el ministro.

También se presentó ante el fiscal el nuevo jefe de la Dirección de Prevención del Delito Automotor, Carlos Catalano, quien confirmó que se realizaron cambios en esa área “por irregularidades que detectó cuando asumió ese cargo”.

El jefe policial citó entre esas irregularidades los diferentes criterios que tenían las plantas verificadoras y la utilización de la verificación en talleres o agencias de autos como modo habitual, cuando deberían ser casos excepcionales.

Catalano ratificó también que al hacerse cargo del área, dispuso el relevo del jefe y subjefe del área y del coordinador y los titulares de las plantas en las que se realiza la verificación policial de los vehículos y de alrededor de 15 peritos verificadores.