El Secretario de Enjuiciamiento de Magistrados, Ulises Giménez explicó que “por el gran número de cargos que se le endilgan en las acusaciones y que muchos de ellos fueron analizados puntillosamente, el jurado por unanimidad resolvió hacer un cuarto intermedio hasta el martes” 5 de abril a las 14.

Precisó que entre los once miembros que integran el jurado que es presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan “hubo discusiones ricas e interesantes lo que provocó que la sesión se demore más de la cuenta”.

Es que el jurado, integrado, además de Kogan, por cinco abogados de matrícula y cinco legisladores letrados, debe resolver si hace lugar a las acusaciones por 11 irregularidades que se le imputan a Sal Lari y lo somete a un jury o las rechaza y archiva la causa.

En caso de hacerse lugar a las acusaciones, se lo suspenderá en el cargo hasta que se defina si es destituido y se le embargará el 40 por ciento del sueldo.

En las deliberaciones el jurado evalúa si existen elementos para continuar con el proceso, luego de haber analizado las acusaciones de la Comisión Bicameral y la defensa del juez, que rechazó los cargos en su contra y consideró que su actuación se ajustó a la ley vigente.

En una sesión realizada el 16 de febrero, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios aprobó por mayoría acusar a Sal Lari.

Los legisladores analizaron once expedientes en los que el juez fue denunciado por las Madres del Dolor, entre otros, y resolvieron acusarlo por presunto mal desempeño en cuatro, mientras que por unanimidad desestimaron el resto.

Según informó la comisión, uno de los casos por el que se acusa al magistrado es por haber denegado la exclusión del hogar a un padre que había sido denunciado por el abuso sexual de su hija de 12 años, hecho que venía ocurriendo hacía seis años.

Sin embargo, al presentar su defensa, el juez explicó que la niña había sido retirada del domicilio por una jueza de menores, que era quien tenía competencia en el caso, y que el padre fue absuelto.

Es que el fiscal acreditó en el juicio que la madre había realizado una falsa denuncia para quedarse con la casa de su pareja y que el abuso no había ocurrido. La sentencia está firme y la madre fue procesada.

Otro de los hechos por el que se cuestiona al magistrado es la libertad de un delincuente que robó a una pareja, en momentos en que cumplía un arresto domiciliario.

Al juez también se lo acusa de haber concedido -recién tres días después de solicitado por la fiscalía- un allanamiento en un caso por venta de estupefacientes.

El último caso es una denuncia debido a que la Cámara de San Isidro dispuso la libertad de un detenido, que debía hacer efectiva Sal Lari, pero que se concretó siete meses después.

El juez asegura que dio la orden a la comisaría y que no se le puede imputar no haber vigilado la tarea que debía cumplir otro funcionario.

Pese a las múltiples imputaciones, la procuradora general ante la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, desistió de acusar al juez y varios organizaciones vienen expresando su apoyo a Sal Lari y manifestaron su preocupación por el avance del enjuiciamiento.

El magistrado es apoyado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Pensamiento Penal, la Federación Judicial Argentina, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires.