La estimación temporal respecto del inicio del juicio corresponde a los integrantes del tribunal oral que, tras la excusación de más de una decena de magistrados, quedó conformado por Jorge Gorini (titular del TOF 2) y Nestor Costabel y por la magistrada del fuero penal económico Karina Perilli.

Con el tribunal titular confirmado, resta la designación de un cuarto juez o juez sustituto, un magistrado que puede presenciar el juicio e incluso preguntar pero que solo interviene en las instancias de decisión en caso de tener reemplazar a uno de los miembros del tribunal.

La causa por el encubrimiento se originó en el desvío de la investigación del atentado que, según la reconstrucción de los hechos realizada por la justicia, implicó el pago de un soborno para que un imputado acusara a miembros de la policía bonaerense de estar involucrados con la voladura de la mutual israelita que dejó 85 muertos.

Esa declaración se logró a partir de una maniobra que implicó el pago de 400.000 pesos-dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín, un pago que se hizo con fondos reservados de la SIDE y en el que intervino también el juez Juan José Galeano con el presunto consentimiento de parte de la dirigencia comunitaria representada por el ex titular de la DAIA, Ruben Beraja.

La causa por el encubrimiento también abarca la decisión de dejar de investigar al ciudadano argentino de origen sirio-libanés que aparecía como sospechoso, Alberto Kanoore Edul -quien tenía llamadas registradas con Telleldín- maniobra en la que también está involucrado el ex presidente Carlos Menem, amigo personal de su familia.

Los acusados en el marco de esta causa son el ex juez Juan José Galeano por los delitos de peculado por malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato, junto al ex secretario de Inteligencia Hugo Alfredo Anzorreguy, por peculado, encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público.

También aparecen imputados los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, quienes llegarán a juicio acusados de privación abusiva de la libertad agravada, peculado y coacción, junto al reducidor de vehículos Carlos Alberto Telleldín y su pareja Ana María Bogarín; el abogado Víctor Stinfale, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja y el ex agente de la SIDE, Patricio Finnen, por el delito de peculado.

En la lista también aparece el ex presidente Carlos Menem por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad y el ex PFA y ex jefe de la Policía Metropolitana, José Alberto “el Fino” Palacios por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba.

La lista se completa con el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar por encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica; y el ex PFA Carlos Antonio Castañeda por encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológica.

En el marco de la misma investigación, paralelamente, resta indagar a un grupo de secretarios del ex juez Galeano y al ex ministro menemista Carlos Corach, a quien se le revocó el sobreseimiento dictado por el juez Ariel Lijo, el magistrado federal que instruyó en la causa por el encubrimiento y la elevó a juicio oral.

La causa por encubrimiento del atentado a la AMIA se inició el 15 de febrero de 2000, a raíz de las declaraciones públicas del ex prosecretario del juez Galeano, Claudio Lifschitz.

Antes de llegar a Lijo, la causa sufrió una larga parálisis cuando estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadío, quien fue apartado del caso en 2005.
Lijo lleva adelante la pesquisa por el encubrimiento, mientras que Rodolfo Canicoba Corral es quien investiga el atentado de 1994.
En lo que hace a esta última causa, la Cámara en lo Criminal Federal a principios de diciembre del año pasado había concedido una prórroga para que se complete la etapa de instrucción y se eleve a juicio la causa por el atentado.

Así, la Sala I de la Cámara concedió el pedido formulado por el juez Canicoba Corral a requerimiento del fallecido fiscal de la causa AMAIA, Alberto Nisman, instando a ambos a concluir la pesquisa dentro de un plazo de 90 días.

Como argumento del pedido de prórroga, Nisman sostuvo que estaba pendiente la agregación de prueba documental y el resultado de exhortos ordenados en la pesquisa por el ataque a la mutual judía, que provocó 85 muertos y centenares de heridos, además de multimillonarios daños materiales.

El Tribunal Oral Federal 3, luego de tres años de juicio, había absuelto a todos los procesados por el atentado, pero en mayo de 2009 la Corte Suprema de la Nación, a pedido de las querellas, anuló ese fallo y mandó reabrir la causa, en la que el sindicado reducidor de autos, Carlos Alberto Telleldín, figura como uno de los imputados.