l magistrado también solicitó 10 pedidos de informes a organismos públicos como la AFIP, la IGJ (Inspección General de Justicia), la Oficina Anticorrupción (OA), el Banco Central y distintos registros nacionales para obtener datos sobre el patrimonio de Boudou y del resto de los acusados.

Se trata de la causa que se inició a instancias de una denuncia del periodista Christian Sanz por presunto enriquecimiento ilícito contra Boudou; su novia, la periodista Agustina Kämpfer, y los empresarios José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente, y Alejandro Vandenbroele, titular de la nueva Ciccone Calcográfica y señalado por su ex esposa como presunto testaferro del ex ministro de Economía.

El fiscal Jorge Di Lello pidió impulsar la investigación y llevar a cabo una serie de medidas de prueba a las que el juez Lijo hizo hoy lugar.

Entre ellas, levantó “el secreto bancario y fiscal de los denunciados” y le pidió a la Oficina Anticorrupción “copia de las declaraciones juradas, incluyendo el anexo reservado, que Amado Boudou hubiese presentado dentro de los 30 días de la asunción de su cargo y anualmente durante el desempeño de la función pública a la que hubiere sido designado”.

También requirió que la Unidad de Información Financiera (UIF) indique si sobre los acusados “se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero”.

Y solicitó al Banco Central que las entidades financieras le informen en cuáles “registran cuentas o productos (plazo fijo, etc.) a su nombre”.

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), organismo que presidió Boudou en 2009, también fue requerida respecto de la fecha en que el vicepresidente “comenzó a percibir sueldo de la administración pública, nacional o provincial”, y el historial laboral completo y los sueldos que percibieron el resto de los imputados.

En la denuncia se pide investigar a una serie de empresas que estarían relacionadas con los acusados, entre las que se encuentran The Old Fund, London Supply y Compañía de Valores Sudamericana, vinculadas las tres al levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone.

El juez le pidió a la Inspección General de Justicia, al Registro Público de Comercio bonaerense y a los registros provinciales de personas jurídicas los antecedentes de los acusados y “los legajos completos, conteniendo los estatutos, modificaciones y cualquier otro antecedente” de esas tres empresas y otras 11.

El magistrado también le requirió a la AFIP “declaraciones juradas de IVA, ganancias, bienes personales y otros tributos” de los acusados, y a distintos registros nacionales pidió los listados de inmuebles, autos y motos, buque, embarcación o yate, aeronaves.