El Gobierno nacional, con el patrocinio letrado del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro, solicitó la excusación del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, en el marco de la causa que se dirime en el máximo tribunal en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, informaron este jueves fuentes oficiales.

La presentación, en la que además se pide la recusación en caso de no mediar la excusación, se basa en un hecho registrado el pasado 15 de agosto en un hotel porteño, cuando en el marco de un festejo de cumpleaños al que asistieron altas autoridades del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´ Alessandro, y el director general de la Vocalía de Rosatti arribaron juntos y compartieron dicho evento.

En el marco de la causa en la que debe intervenir Rosatti, la situación descripta, que revela la afinidad entre el ministro de Seguridad porteño y un funcionario de extrema cercanía al ministro de la Corte, “podría afectar el debido proceso, en particular la garantía del juez imparcial”, según reza el escrito presentado por el Estado Nacional ante la CSJN en las últimas horas.

“Se solicita que el doctor Horacio Rosatti, de acuerdo a los máximos estándares internacionales en interpretación de imparcialidad judicial, proceda a excusarse en este expediente como en todo aquel en que su decisión pueda ser mínimamente sospechada”, agrega la solicitud.

Por otra parte, los letrados patrocinantes del Estado indican que la situación deja en claro que Rosatti “se encuentra bajo grave sospecha”, como así también “su imparcialidad como magistrado de esta causa, lo que tiene una obvia y enorme relevancia institucional”.

Subsidiariamente, y en el hipotético caso que Rosatti no se excuse de la causa que tramita la Corte, el Estado Nacional solicitó que la presentación “se considere como planteo formal de recusación” contra el magistrado, por verse afectada “la imparcialidad que debe rodear a los magistrados como intérpretes de la ley”.