La medida fue adoptada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, luego de que los representantes de la empresa minera no se presentaran a la audiencia agendada para hoy en la cartera laboral, continuidad de la iniciada el miércoles.

De la misma debían participar el presidente de Vale en Argentina, Sergio Leite, los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez, y de Neuquén, Jorge Sapag, y el intendente de Bahía Blanca, Gustavo Bevilacqua, más un representante del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

“Toda empresa tiene una responsabilidad social que cumplir y respetar. La empresa Vale no lo hace”, dijo Tomada esta tarde en conferencia de prensa al anunciar la ausencia de las autoridades de la minera Vale prevista para analizar la preservación de los puestos de trabajo.

“El respeto institucional y la seguridad jurídica es una cuestión de doble vía, y quien asume los compromisos debe respetarlos”, enfatizó Tomada al anunciar la conciliación obligatoria “en defensa del trabajo y de los trabajadores, y con pleno conocimiento y respaldo de la presidenta” Cristina Fernández de Kirchner.

Por la medida que le fue notificada a la empresa brasileña a las 15.30 -media hora después de que se debiera haber concretado la reunión- “no se podrá producir ningún despido y se debe retrotraer cualquier medida que se haya tomado en ese sentido”, tanto por parte de la compañía minera como de sus contratistas y subcontratistas afectados al proyecto.

La primera etapa de la conciliación obligatoria se extenderá hasta el 11 de abril, por lo que la empresa y sus contratistas deberán dejar sin efecto los telegramas de despido que ya enviaron a parte de sus trabajadores en las distintas jurisdicciones provinciales.

El anuncio fue realizado por Tomada en conferencia de prensa junto a los gobernadores Pérez y Sapag, el ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Política Económica, Axel Kicillof; el secretario de Minería, Jorge Mayoral; y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial.

La minera brasileña Vale anunció el martes que decidió suspender la construcción del proyecto Potasio Río Colorado, que contemplaba la explotación de un yacimiento de potasio en el departamento mendocino de Malargüe, el tendido de una línea de ferrocarril que atravesaría los territorios de Neuquén y Río Negro y la instalación de un puerto en Bahía Blanca.

El gobernador Pérez consideró la ausencia de las autoridades de Vale a la audiencia en Trabajo como “una falta de respeto y de consideración total que no se condice con el comportamiento que tiene que tener una inversión de esta naturaleza”, al anunciar que las provincias afectadas van a “avanzar en las distintas medidas administrativas y legales que correspondan” contra la empresa.

“Hay una declaración de impacto ambiental, hay normas, un contrato de concesión, hay obligaciones donde el concesionario tiene que cumplir y en base a esto -más allá de contemplar las normas de fondo del Código Minero- buscaremos una articulación con el gobierno nacional para llevar una estrategia conjunta”, planteó Pérez a la prensa.

De Vido explicó que Vale “al suspender unilateralmente el contrato queda violando la autorización que le da la provincia de Mendoza, que es la titular de los derechos mineros, mediante la licencia de concesión y violando las leyes laborales nacionales”.

También agregó entre las consecuencias de la actitud de Vale en el país que “todos los acuerdos firmados con las provincias y el Municipio de Bahía Blanca también estén en suspenso, con lo cual hay un incumplimiento generalizado de los permisos que la empresa tiene con cada jurisdicción además de un incumplimiento de la Ley de Inversiones Mineras”.

Sobre el último punto, el ministro de Planificación afirmó que de ratificarse el incumplimiento de la Ley de Inversiones Mineras, la empresa “automáticamente va a perder las importantes ventajas impositivas que otorga” esa legislación, e incluso anticipó que Vale “puede ser motivo de que el Estado nacional le reclame lo erogado hasta ahora por el fisco en materia de ventajas promocionales que alcanza los 3.000 millones de dólares”.

De Vido también rechazó “de manera taxativa” que la Argentina haya cambiado las condiciones de inversiones mineras y afirmó que “el cumplimiento de Néstor y Cristina Kirchner hicieron posible desde 2003 inversiones por 60.000 millones de pesos por decenas de empresas mineras y transformó de cero a 8 por ciento la participación en el total de las exportaciones con ventas por 5.500 millones de dólares y la generación de 5000 mil puestos de trabajo”.

Sobre el futuro de proyecto, De Vido aseveró que “de ninguna manera el Gobierno nacional y las provincias involucradas tienen la intención de suspender este proceso de desarrollo de la minería de potasio en la Argentina. Los recursos están, el mercado esta y el proyecto va a continuar”.