Parrilli afirmó que la denuncia penal fue presentada por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), luego de que Stiuso no se presentara ayer al mediodía en la sede de la SI y tras detectar la carencia de informes internos sobre su colaboración, durante 10 años, con la investigación por el atentado terrorista ocurrido en 1994, en la Ciudad de Buenos Aires.

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el secretario de la SI, acompañado por su segundo, Juan Martín Mena, explicó que ese organismo no tiene facultad para hacer comparecer compulsivamente a Stiusso, por lo que se decidió presentar la denuncia ante la justicia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

En esa línea, precisó que se convocó a Stiuso a declarar ante el pedido de los tres fiscales que sucedieron al fallecido Alberto Nisman en la investigación de la causa Amia, Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini.

Parrilli detalló que envió la citación para que comparezca ante la sede de la SI, 25 de Mayo 33, para ayer a las 11, a tres domicilios declarados por Stiuso, en los que no se lo pudo encontrar, y también a la de su abogado Santiago Blanco Bermúdez.

Recordó que “durante al menos 10 años no se ha conseguido resultado alguno” en la investigación del ataque, perpetrado el 18 de julio de 1994, por lo que evaluó que “resulta determinante” que Stiuso “como responsable de las tareas” de investigación “no hizo entrega al suscripto de ninguna documentación ni refirió siquiera sobre acciones en curso”, al dejar la ex Side en enero pasado.

Al respecto, analizó que ello constituye una “falta grave”, según el estatuto del organismo, el de “omitir hacer saber al superior cualquier tipo de información y el desarrollo de sus labores específicas”, por lo que dada “la importancia y gravedad de la situación se dispuso convocarlo” para ayer “a efectos de pedir información por su tarea” llevada a cabo en la causa del atentado que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

Parrilli insistió en que “el estatuto establece como deber de los agentes proporcionar los datos actualizados como el cambio de domicilio real”, contrastando que ayer mismo, a las 12.15 -una hora y cuarto después de la hora en que estaba convocado Stiuso- “se hizo presente en Mesa de Entradas (de la SI) el doctor Santiago Blanco Bermúdez” quien dijo que el ex agente “no vive ni se domicilia en el lugar donde se cursó la notificación”.

El funcionario calificó de “burlona e infantil” esa pretendida justificación del abogado de Stiuso, como también la de señalar que “se encuentra en el exterior del país”.

En esa línea, Parrilli dijo que ello configura una “actitud evasiva y cuasi prófuga” debido a que “es deber especial para los agentes estar a disposición de las máximas autoridades cuando se tratare de recabar información, según el estatuto”.

Insistió en que “sorprende” que “luego de 20 años no encontremos condenados ni detenidos” en una investigación en la que el fallecido fiscal Alberto Nisman, desde que se hizo cargo diez años atrás, trabajaba con Stiuso.

Además precisó que no se completó una investigación sobre “resultados de entrecruzamiento de las llamadas internacionales” para “poder avanzar en la causa Amia conforme el pedido de los fiscales”.

Ante ello, atribuyó a Stiuso “una actitud de desprecio” y dijo que se comportó como si estuviera “jugando a las escondidas”, lo que ello demuestra una “falta de respeto y compromiso en la causa Amia”.

Asimismo, opinó el ex espía obró “de mala fe” y reiteró que ello “constituye una falta grave cuando no un delito, conforme a la legislación vigente”, por lo que se presentó la denuncia penal por resolución 405/15.

Mena, por su parte, expresó que la denuncia recayó en el juzgado del juez federal Canicoba Corral y la fiscalía a cargo de Juan Pedro Zoni.

Recordó que cuando Stiuso “fue removido no hizo entrega de ninguna documentación, no informó de ningún tarea que se encuentre trabajando en la causa Amia y tampoco nos informó respecto a tareas que venía desarrollando”, por lo que todo apunta a un “incumplimiento” de sus deberes de funcionario público.