El fiscal pidió el juicio oral para Jaime en la causa por enriquecimiento ilícito

Carlos Rívolo pidió que se envíe a juicio oral al ex secretario de Transporte de la Nación y a otros procesados, como supuestos “testaferros” en la causa que lo investiga por “enriquecimiento ilícito”.

Según el dictamen al que accedió Télam, Rívolo pidió juicio oral para Jaime y otros 14 procesados, entre ellos su ex asesor Manuel Vázquez.

“Le imputo a Raúl Ricardo Jaime el haberse enriquecido patrimonialmente, de manera apreciable e injustificada -en relación con sus ingresos legítimos demostrados- durante el período en que ejerció el cargo público de Secretario de Transporte de la Nación, comprendido entre el 28 de mayo de 2003 y el 1° de julio de 2009, y los dos años posteriores del denominado “período de sospecha”, acusó Rivolo.

El dictamen fue entregado al juez federal Sebastián Casanello, quien había dado por cerrada la investigación y pedido a la fiscalía que dictamine si el caso ya estaba listo para el juicio oral.

Ante el dictamen fiscal, el magistrado dará vista a las partes y luego resolverá si envía la causa a sorteo a un Tribunal Oral.
Para el fiscal, Jaime se enriqueció ilícitamente “mediante las operaciones de compraventa de bienes y con la participación de las personas interpuestas”.

Y por eso pidió juicio oral también para Vázquez, su hijo Julián Vázquez y familiares de Jaime como su ex mujer Silvia Reyss y las hijas de ésta, Lorena y Agostina Jayo, entre otros.

En el dictamen de 272 carillas, Rivolo consideró a Jaime autor del delito y a los demás partícipes necesarios para su enriquecimiento como personas interpuestas, se decir, testaferros.

“Han quedado expuestas las complejas triangulaciones de personas -físicas y jurídicas- que han sido pergeñadas con la finalidad de disimular el incremento patrimonial apreciable e injustificado del funcionario público, que no podía aparecer como el titular registral de los bienes que aquellas adquirieron”, advirtió el fiscal.

Y recordó que un peritaje contable ordenado en la causa dejó en evidencia “que el patrimonio de las personas imputadas, cuya vinculación con Ricardo Jaime en todos los casos quedó demostrada, incrementaron sus patrimonios sin tener la capacidad económica para ello, y mientras el nombrado se encontraba ejerciendo como funcionario público a cargo de la Secretaría de Transporte”.

La causa por enriquecimiento ilícito a Jaime se abrió en el 2008 por denuncia del abogado Ricardo Monner Sans.

La pesquisa estuvo durante años a cargo del juez federal Norberto Oyarbide y luego pasó a Casanello.

Jaime tiene ya una condena en su contra a seis años de prisión por la tragedia del tren de Once
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