El Consejo de la Magistratura designó este jueves como presidente al juez Alberto Lugones, en medio de los esfuerzos del organismo que designa a los magistrados para ampliar su integración de 13 a 20 como dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado.

Por unanimidad, el camarista federal de San Martín volvió a la presidencia del Consejo, que había cedido al consejero académico Diego Molea en el período anterior, que es de un año.

Lugones asume en un momento difícil para gestionar el Consejo, a dos meses del plazo de 120 días que impuso la Corte para que el organismo vuelva a su integración de 1999, con 20 miembros y la presidencia a cargo del titular de máximo tribunal, en este caso, Horacio Rosatti.

Para adecuarse al fallo, los consejeros debieron consensuar y aprobar los reglamentos que deben aplicar las asociaciones profesionales de jueces y abogados para llevar adelante las elecciones que elijan a los nuevos consejeros, dos abogadas y una jueza, para buscar un equilibrio de género.

El Consejo cumplió con su parte dando marco legal a las elecciones pero Lugones ahora deberá lidiar con la impugnación del proceso que formalizó el Colegio Público de la Capital Federal (CPACF) porque la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) dispuso, unilateralmente según el Colegio, que las elecciones se realicen el 5 de abril.

“Tenemos que pensar en el día después y si no lo integramos antes no será responsabilidad de este cuerpo”, advirtió Lugones al asumir y señaló que “nos pusieron en una situación límite y deberemos evaluar cuál es la forma de continuar”.

El camarista federal mencionó también que “si el 16 de abril no podemos reunirnos porque alguno de los estamentos no se conformó, será por cuestiones ajenas al Consejo” y prometió hacer todo lo posible para evitar “la paralización del servicio de justicia”.

El flamante presidente dijo también que dentro de su agenda de gestión tendrá un lugar destacado que el Consejo se expida sobre las atribuciones, inconstitucionales a su parecer, que la Legislatura porteña concedió a la justicia de la Ciudad.

Si bien la votación de los trece consejeros fue unánime, el representante del Congreso, el diputado del PRO Pablo Tonelli, expresó su disconformidad porque consideró que las autoridades elegidas en las comisiones no respetan la “composición del cuerpo”.

“Estoy de acuerdo en que el presidente sea Lugones pero no coincido con la distribución de cargos en las comisiones porque no reflejan la composición del cuerpo”, aclaró el diputado aunque adelantó que votaría positivamente por la “consideración personal” que tiene sobre sus colegas.

Tonelli criticó el consenso alcanzado para designar las autoridades de las cuatro comisiones que, como dijo el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, fue “largamente discutido”, entre los trece consejeros.

La comisión de Disciplina y Acusación quedó a cargo de la senadora del Frente de Todos, María Inés Pilatti Vergara; la de Selección tendrá al frente a la diputada del oficialismo Vanesa Siley; Reglamentación será presidida por la diputada de “Consenso Federal, Graciela Camaño, y en Administración Financiera el titular será el representante de los abogados, exlegislador porteño por “Vamos Juntos”, Diego Marías.

La vicepresidencia del cuerpo, también como fruto de la negociación política, quedó bajo la responsabilidad del representante de los abogados del interior, Carlos Matterson.

“Quiero expresar mi agradecimiento a los consejeros y consejeras que confiaron en mí para desempeñar el cargo de vicepresidente de este honorable cuerpo. Seguiremos trabajando desde este ámbito por un Poder Judicial Independiente, un mejor servicio de justicia y la defensa de los abogados y abogadas de la matrícula federal”, expresó Matterson.

Durante la reunión plenaria de hoy, los consejeros decidieron postergar la aprobación de las ternas para cubrir las vacantes en tres juzgados federales y los puestos de los camaristas de traslado Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, cuyos cargos la Corte Suprema consideró “provisorios”.

La postergación se consensuó porque los consejeros advirtieron que no iban a llegar a reunir los nueve votos necesarios, dos tercios de los miembros, para aprobar las ternas y girarlas al Poder Ejecutivo.