“Dólares del colchón”: las cuatro resoluciones de ARCA que explican una a una las medidas del Gobierno

A través distintas publicaciones en el Boletín Oficial, el Ejecutivo formalizó la flexibilización de la provisión de información tributaria y avanzó en la puesta en marcha del nuevo régimen del Impuesto a las Ganancias.

 

El Gobierno oficializó este viernes la flexibilización para la entrega de información tributaria y avanzó así en la implementación del nuevo régimen del Impuesto a las Ganancias. Estas medidas se complementan con cuatro resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Cabe recordar que el Gobierno impulsa un proceso de simplificación tributaria y administrativa para reducir la presión fiscal y los costos burocráticos. Entre las medidas concretas se encuentra la implementación gradual de una modalidad simplificada y opcional para la declaración del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y sucesiones, basada en la información ya disponible en la administración tributaria. Esto permitirá reducir la carga administrativa para los contribuyentes y optimizar la fiscalización del organismo, dice el texto oficial.

Además, se establece un Sistema de Finanzas Abiertas que permitirá, con consentimiento expreso, compartir información financiera entre ciudadanos y entidades del sistema financiero, facilitando el acceso al crédito y fomentando la inclusión financiera. Este sistema estará regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las medidas de ARCA

La Resolución General 5696/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la protección del secreto fiscal de los contribuyentes establece que los “sujetos obligados” según la Ley 25.246, -que suelen ser entidades financieras u otras que deben prevenir el lavado de dinero)- no pueden exigir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales.

Si los sujetos obligados continúan con el pedido esta documentación, se considerará una conducta “contraria a las leyes y dará lugar a la intervención de las autoridades competentes y la aplicación de sanciones”. La resolución aclara que esta medida no impide que los usuarios recurran a la Ley de Defensa del Consumidor si consideran que se les está exigiendo documentación de forma abusiva.

 

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