En el marco de la actividad, que convocó por primera vez en forma presencial a referentes de más de 30 distritos de las ocho secciones electorales de la provincia, la CSA difundió una declaración en la que expresa “la democrática necesidad de derribar la oprobiosa proscripción política que se ha resuelto judicialmente, con manifiesta injusticia, contra Cristina Fernández de Kirchner, y que implica una sanción contra una enorme parte de la sociedad que quisiera expresarle su apoyo electoral”.

En el documento, además, los socialistas ratifican su respaldo a Axel Kicillof porque “su gestión interpreta las demandas populares y tiene la mirada y el oído puestos en ellas”, y apoyan “su candidatura a la reelección como gobernador”.

El texto difundido es muy crítico respecto de la gestión del gobierno de la alianza Cambiemos: “se degradaron las políticas de salud y educación, se desnaturalizó el concepto de servicios públicos, se tomó una deuda descomunal y condicionante del futuro, y se ensayó un marcado ajuste estructural.

Todo ello condujo al pronunciado empobrecimiento de la población”, señalan. “A esa realidad se le agregó una práctica estatal, propia de regímenes totalitarios, conocida como Lawfare o Guerra judicial, consistente en la utilización del sistema de justicia para espiar, perseguir, criminalizar y hasta encarcelar a referentes sociales, sindicales y políticos opositores”, puntualiza la declaración.

En el documento, la CSA, que se define como “el lugar de la izquierda, uno de los lugares imprescindibles para construir una sociedad más igualitaria, justa y solidaria”, valora de manera positiva las políticas públicas que implementa el gobierno del Frente de Todos “que demuestran el crecimiento de la actividad económica, la disminución del desempleo y el desarrollo de un importante programa de obras públicas, como así también la vigencia de variados programas estatales de protección social y cultura popular, y el irrestricto goce de los derechos civiles”.

No obstante, señalan “que las reformas estructurales necesarias y esperadas, algunas efectivamente prometidas, no pudieron concretarse” y que “sigue pendiente la toma de decisiones terminantes en política económica encaminadas, fundamental y prioritariamente, a distribuir con equidad los recursos, bienes y servicios que hacen a la vida digna del pueblo”.