Diputados avanza con el proyecto que regula las prepagas pero se posterga su debate en el recinto

El proyecto de ley que busca regular el sistema de medicina prepaga avanzó ayer en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados aunque su debate en el recinto se postergaría al menos una semana, debido a que la oposición condicionó su discusión y pidió incluir varios de los temas de su propia agenda.

Si bien la comisión de Labor Parlamentaria iba a reunirse ayer por la tarde para definir el temario de la sesión de este miércoles, el encuentro fue postergado, ya que la oposición anticipó que no estaba dispuesta a debatir esta iniciativa si no se incorporaba el proyecto de acceso a la información y el que regula la publicidad oficial, aseguraron fuentes parlamentarias.

De esta manera, el plenario quedaría postergado en principio hasta la semana próxima, aunque el oficialismo podría solicitar una sesión especial para incluir en el temario este proyecto junto a la inciativa que tipifica el lavado de activos como delito autónomo, que cuenta con despacho de dos comisiones.

El proyecto que regula la medicina prepaga recibió esta tarde dictamen de la comisión de Salud, que aceptó las modificaciones realizadas por el Senado en agosto de 2010 aunque, para concluir el trámite, faltaría el paso de la norma por la de Legislación General, a la que también fue girado el texto.

De todos modos, el proyecto está habilitado para ser debatido en el recinto, ya que cuenta con una preferencia “con o sin dictamen”, votada en la última sesión de la cámara baja.

En la comisión de Salud, el proyecto contó con el respaldo del oficialismo, la UCR y Proyecto Sur y sólo el PRO se manifestó en contra, a diferencia de la postura que había adoptado esa misma bancada en agosto de 2008, mientras que el Peronismo Federal no envió ningún representante al encuentro.

Desde el oficialismo, la diputada y presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, Adela Segarra (Frente para la Victoria), defendió el proyecto y consideró que “es imprescindible que el subsistema privado tenga regulación y que el Estado pueda intervenir en las cuotas y en los topes de edad”.

Por el SI por la Unidad Popular, que integra el bloque de Proyecto Sur, Graciela Iturraspe, anticipó que esa bancada acompañará la regulación de una actividad que, dijo, “es imprescindible” aunque consideró que se trata de “una ley perfectible”.

“No voy a acompañar este dictamen. Estamos haciendo un parche que no va a favorecer a ningún paciente”, disparó la diputada del PRO, Gabriela Michetti, quien a diferencia de la postura adoptada por esa bancada en 2008, afirmó que la norma es “un experimento de dirigentes que se han quedado sin caja”.

También, en esa línea, se manifestó la diputada de Valores para Mi País, Cinthya Hotton, quien cuestionó el texto y consideró que es “confuso”, al anticipar su rechazo a la iniciativa por parte del monobloque que integra.

La reunión estuvo a cargo del vicepresidente de la comisión de Salud, el diputado radical por Corrientes, Agustín Portela, en reemplazo del titular del cuerpo, el chaqueño Antonio Morante (FPV), que llegó casi al término del encuentro debido a una demora en los vuelos pero se mostró a favor del proyecto.

Si bien Portela había cuestionado la norma y la calificó de “incompleta”, la postura del radicalismo estuvo a cargo de la diputada María Luisa Storani, quien anticipó que la UCR apoya el proyecto “más allá que sea perfectible”.

El proyecto establece que, a partir de cierta cantidad de años de aportes, las prepagas no podrán aumentar las cuotas para esos afiliados mayores, por entender que los aportes que hicieron de jóvenes saldan ampliamente la brecha.

También, el texto expresa que no puede haber plazos extensos irrazonables de carencia, a diferencia de lo que ocurre actualmente en cuanto a que las prepagas exigen determinada cantidad de pagos para que el afiliado pueda hacer uso efectivo del servicio.

En cuanto a las modificaciones incluídas por la Cámara alta se estableció que la autoridad de aplicación de la iniciativa será el Ministerio de Salud, en lugar de la Secretaría de Comercio como se fijaba en la sanción original.

Otro de los cambios se realizó en el artículo primero, dejando afuera del alcance de la norma a las obras sociales sindicales, ya que están reguladas por las leyes 23.660 y 23.661.

Además, se cambió el artículo 22 que ahora estipula la obligación de las prepagas a mantener el 50 por ciento de su capital en una “reserva técnica” que garantice las prestaciones y el otro cincuenta por ciento en instrumentos financieros.

El proyecto, que presentó fuerte resistencia por parte de las empresas de medicina prepaga, fue impulsado en agosto del 2006 por primera vez por la entonces diputada del Frente para la Victoria, Patricia Vaca Narvaja, que lo volvió a presentar años, después hasta que finalmente se aprobó en Diputados en agosto de 2008.

Desde esa fecha, y hasta noviembre de 2010 permaneció en las comisiones del Senado, cuando fue aprobado por unanimidad a pocos días de que el proyecto perdiera estado parlamentario.

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