La iniciativa -que ya contaba con media sanción del Senado- fue respaldada por todos los bloques parlamentarios y quedó sancionada definitivamente por 210 votos a favor, en el marco de una sesión especial impulsada por el Frente para la Victoria (FpV).

Desde el oficialismo, el diputado salteño Fernando Yarade, sostuvo que la creación del organismo “está planteada con una lógica diferente”, y aseguró que el Banco del Sur busca “fortalecer el desarrollo científico y tecnológico” de la región.

Por su parte, el diputado de la Coalición Civica y titular de la comisión de Finanzas, Alfonso Prat Gay, respaldó la iniciativa y dijo que esa bancada “ve con beneplácito la constitución del organismo”, ya que se trata de “un instrumento adecuado para obras de infraestructura y desarrollo” aunque consideró que “no es un vehículo para mitigar la crisis internacional”.

La iniciativa también recibió el respaldo del PRO a través del diputado nacional Federico Pinedo, quien manifestó su acompañamiento al proyecto y consideró que con la creación del Banco del Sur “vamos a ganar prestigio y liderazgo político en la unificación de la integración Sudamericana”.

Por Nuevo Encuentro, Carlos Heller, dijo que se trata de “un hecho excepcional producto del nuevo estilo de integración que se está gestando en la región” y refleja “los cambios que se están dando al interior nuestros países”, a la vez que busca “fortalecer conceptos de soberanía política y económica y recrea escenarios de mayor participación”.

Desde el socialismo, Lisandro Viale, respaldó la ratificación “en todas sus partes del Convenio Constitutivo del Banco del Sur, convencidos de que es necesario que nuestra región avance en la construcción de alternativas instrumentales que permitan a los países de nuestra Suramérica contar con una institución financiera sobre bases diferentes, entroncadas con nuestro destino común”.

La iniciativa apunta al desarrollo económico y a obras de infraestructura de países de América del Sur y, para su creación, exige el aval de los respectivos parlamentos.

El organismo tiene por objeto “financiar el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros en forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y extra regional: fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover la equjitativa distribución de las inversiones entre los países miembros”.

La creación del Banco del Sur implicará un aporte inicial de la Argentina de 400 millones de pesos que serán previstos en el Presupuesto 2012, que el gobierno nacional presentará formalmente el próximo 15 de septiembre ante el Congreso.

Hasta ahora, dieron el visto bueno a la creación de ese organismo regional, los Congresos de tres de los siete países fundadores de la región: Venezuela, Ecuador, y Bolivia.

El proyecto del Banco del Sur, que se constituirá como un banco de desarrollo para la región, contempla la integración de un capital inicial de 7.000 millones de dólares para su puesta en marcha.

Argentina, Brasil y Venezuela, como miembros fundadores de peso, suscribirán acciones Clase A por 6 mil millones de dólares, en una proporción de 2 mil millones cada uno, que deberán ser aportados en un plazo de cinco años, con un equivalente a 400 millones de dólares por año.

Ecuador y Uruguay, en tanto, suscribirán acciones en una proporción menor, de 400 millones de dólares, y Bolivia y Paraguay, a razón de 100 millones cada uno. Sin embargo, tendrán la ventaja de que deberán integrar el capital en un plazo mayor, de 10 años.

En cuanto a la capacidad de préstamos que podrán pedir los países miembros, se estableció que la Argentina, Brasil y Venezuela podrán solicitar créditos por hasta 4 veces su aporte de capital.

La relación de aporte/préstamo es más beneficiosa para los países chicos, ya que podrán solicitar hasta 10 veces su aporte de capital, en créditos, en tanto que el límite de préstamos total del Banco del Sur a los países será de tres veces su patrimonio neto.

El organismo multilateral estará conformado además por un Consejo de Ministros, un Consejo de Administración, un Consejo de Auditoría y un Directorio, con un representante por cada país, cuyos miembros tendrán el mismo derecho a voto.

“La aprobación del convenio permitirá contar con una institución netamente regional, dedicada a financiar el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros y a fortalecer su integración, favoreciendo la reducción de asimetrías y la equitativa distribución de las inversiones entre los países miembros”, sostiene el texto legal.