Desestiman la denuncia contra la Procuradora por el nombramiento de fiscales subrograntes

El juez federal Casanello desestimó la denuncia por considerar que las designaciones de fiscales subrogantes y ad hoc poseen «respaldo normativo» y están avaladas por la reforma constitucional de 1994.

El juez federal Sebastián Casanello desestimó una denuncia contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por supuestas irregularidades en el nombramiento de fiscales subrogantes y ad hoc al entender que las designaciones poseen «respaldo normativo» y están avaladas por la reforma constitucional de 1994.

«La reforma constitucional de 1994 dotó al Ministerio Público Fiscal de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera pero al mismo tiempo le imprimió un mandato sumamente claro: promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad -lo que, en nuestro caso- se traduce en promover la acción penal pública- y de los intereses generales de la sociedad», afirmó Casanello.

El juez desestimó así la denuncia presentada por el senador radical Mario Cimadevilla e impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán.

Casanello consideró que no hay delito en los nombramientos, en particular a raíz de la creación de dos unidades fiscales, la Procelac y la Procunar, y aludió a la obligación de lograr la «eficiencia a la hora de concretar la finalidad del organismo», según la resolución a la que accedió Télam.

Para el magistrado, las resoluciones que crearon las unidades fiscales especiales «exteriorizan su preocupación» por alcanzar una organización «más eficiente».

Y además entendió que esto ya fue hecho en otras gestiones previas a la de Gils Carbó, como la de su antecesor Esteban Righi, quien nombró fiscales subrogantes en juicios por delitos de lesa humanidad, en decisiones que fueron avaladas en distintas instancias judiciales.

Estas decisiones se tomaron «para paliar el déficit de fiscales, un problema que desde antaño aqueja al organismo».

«Los artículos 11 y 33 de la ley 24946 cristalizan la estructural jerárquica y la facultad de sustituir magistrados para el caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia. Lo singular de esos artículos es que ya habían sido invocados una y otra vez, antes de la gestión de la Dra. Gils Carbó», agregó.

Casanello entendió que el Ministerio Público Fiscal «tiene una jefa máxima de todos los fiscales -la Procuradora General- la que coordina su accionar y fija las líneas de la política criminal y de persecución penal. Por ende, su organización es de tipo piramidal y actúa bajo los principios de jerarquía, unidad de actuación y coherencia institucional. Esto traza una diferencia diametral con el Poder Judicial, donde rige el principio de horizontalidad».

«El tipo de designaciones cuestionadas posee respaldo normativo», reiteró el juez, al recordar que «el Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia», analizó.

Y concluyó que «si se cuestiona la creación por parte de la Procuradora General de estructuras de apoyo y la designación de fiscales ad hoc y/o subrogantes es porque se postula como deseable -o preferible- mantener las viejas, hasta tanto el Congreso no intervenga y hasta tanto se cuente con una planta nueva de magistrados concursados».

«Esto último es igual a decir que mientras ello no ocurra debe conservarse el tipo de organización esencialmente refleja, en la que a todo juzgado le corresponde un fiscal, con los inconvenientes propios de una simetría estructural que no se adapta a las funciones distintas que poseen ambos órganos», concluyó.

Cimadevilla había denunciado a Gils Carbó por supuesto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público por el nombramiento de fiscales interinos y ad hoc sin cumplir con requisitos legales y alterar mediante resolución de la Procuración la estructura del Ministerio Público.

Marijuán dictaminó a favor de impulsar la investigación y requirió medidas como el envío de resoluciones, expedientes administrativos, entre otros puntos.

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