“Lejos de cumplir la función para la que ha sido designada al frente de la Oficina Anticorrupción, incurre en persecución contra adversarios políticos o sociales”, señaló Grabois y acusó a la funcionaria de perseguir en particular a Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, integrante de Ctep y ex secretario de la Agricultura Familiar durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, el letrado denunció a Alonso por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario en un escrito que presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, trámite que recayó en el Juzgado 5 a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi.

“Es indignante que habiendo más de 22.000 funcionarios públicos que por distintos motivos no presentaron sus formularios de declaraciones juradas en 2016, Laura Alonso, como titular de la Oficina Anticorrupción, promueva una denuncia penal contra Emilio Pérsico”, quien ya no es funcionario, argumentó.

En cuanto conoció la denuncia que presentó en su contra la semana pasada, Pérsico dijo que se había “equivocado” al pensar que, “como ya no era funcionario, no tenía que presentar más” la declaración jurada patrimonial.

“La presenté todos los años y el último no la presenté. No tengo nada que ocultar. No la presenté porque creí que no era necesario y no tengo nada que ocultar: en ese momento tenía un auto que ya no lo tengo. Solo me quedó la cuenta sueldo del año pasado. No tengo ninguna propiedad ni bien a mi nombre”, aseveró.

La denuncia presentada por Grabois es la segunda formulada en el mismo sentido contra Alonso y respecto de la primera, presentada por el ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, la Cámara Federal porteña ordenó al juez Daniel Rafecas que la investigue.

Para Grabois, la ex diputada del Pro “es una funcionaria militante que no está luchando contra la corrupción sino persiguiendo adversarios políticos” y le atribuyó “la práctica de un neo-macartismo incompatible con nuestro ordenamiento constitucional”.

En el escrito, reprochó además a “Laura Alonso y sus funcionarios” mostrar displicencia en cuanto a “realizar denuncias contra funcionarios afines que se encuentran en idéntica situación fáctica que el señor Pérsico” y añadió que “entre la lista de incumplidores de la propia Oficina Anticorrupción existen funcionarios de renombre”, incluido un ex presidente de la Nación y funcionarios de alto rango.

El comunicado de Ctep mencionó alrededor de 30 nombres de funcionarios públicos incluidos en esa lista, como un muestreo “totalmente arbitrario producto de un rápido repaso de la lista completa de incumplidores, pero el suscripto no es funcionario público, no tiene deber de neutralidad y además no está denunciando a ninguno de los enlistados por carecer de elementos adicionales para suponer, como temerariamente asevera la Oficina Anticorrupción, que la omisión en las presentaciones de las DDJJ han sido maliciosas”.

“El direccionamiento de las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y la selectividad ideológica en las denuncias son delitos en sí mismos”, sostuvo Grabois, quien además solicitó que se investigue si Alonso incurrió en los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad”.

Tanto Pérsico como Grabois fueron interlocutores del gobierno en la negociación de organizaciones sociales con el Ministerio de Acción Social a cargo de Carolina Stanley que derivó en diciembre pasado en la sanción de la Ley de Emergencia Social, considerada la primera paritaria del sector informal de la economía.