El ex gobernador de la provincia y actual diputado nacional , Daniel Scioli, presentó un escrito para defenderse de una supuesta malversación de fondos públicos. En una presentación ante el fiscal Alvaro Garganta Scioli enumeró cuatro puntos de su defensa.

En primero lugar dijo que “todas las contrataciones durante mi gestión se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los Organismos de la Constitución y  la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad”. En tal sentido se refirió a los UPA  al decir que “no es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs para beneficiar a un proveedor determinado”.

En segundo termino explicó que “es totalmente falsa mi supuesta relación especial con uno de los proveedores. Dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso. Por otro lado, jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor durante mi periodo como Gobernador”.

El ex gobernador aclaró  en tercer lugar que “nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona. La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía (ni cuya administración integraba) con una persona especializada en organización de eventos, y luego con una sociedad; ninguna de ellas proveedoras del gobierno provincial”.

En el cuarto y último punto de la presentación dijo que “jamás he influido indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno, como se me ha imputado. Todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo”.

La denuncia fue realizada por Elisa Carrió por negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias durante su gestión al frente de la Provincia. La cita se dio a pedido de la titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata, Marcela Garmendia, a raíz de sospechas sobre supuestos beneficios que Scioli le habría otorgado a una serie de empresas en la construcción de obra pública, fundamentalmente Unidades de Pronta Atención (UPA), para la que se destinaron unos 120 millones de pesos