La decisión de la magistrada, que le impide al PO ser “parte” y solicitar medidas en el sumario penal en el que hay siete procesados con prisión preventiva. Además del asesinato de Ferreyra, en la causa se investiga la tentativa de homicidio a otros manifestantes que resultaron heridos en el episodio registrado el 20 de octubre último en el barrio Barracas de esta capital y la “coacción agravada” a periodistas que registraban los hechos.

Las fuentes consultadas dijeron que, por cuestiones formales, tampoco fue aceptada como querellante la hija de Elsa Rodríguez, una de las manifestantes heridas ese día, y aún tiene a estudio una solicitud similar de otro de los manifestantes lesionados por la una patota de la Unión Ferroviaria (UF), Nelson Aguirre.

La magistrada, quien se mostró molesta por la difusión de detalles de la pesquisa, notificó días atrás a los defensores de los procesados que deben evitar divulgar los pormenores del sumario, cuyo secreto fue levantado semanas atrás.

Los detenidos en la causa son el sindicado barra brava del club Defensa y Justicia, Cristian Favale, y seis gremialistas de la UF: Pablo Díaz (delegado de la ex línea Roca), Jorge González, Juan Carlos Pérez, Gabriel Sánchez, Salvador Pipitó y Francisco Uño.

Todos apelaron la medida, que incluyó embargos de 500.000 pesos, y la Sala I de la Cámara del Crimen fijó la audiencia del próximo 21 de diciembre para que los defensores expongan sus argumentos contra los procesamientos con prisión preventiva.