El Concejal Rubén Conde del Bloque GEN, expresa en un comunicado que «La presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la estatización del 51% de la empresa YPF, como consecuencia del fracaso que significó la privatización de la misma en la década de los 90 y que representó la entrega de la explotación y administración de los recursos de hidrocarburos a manos privadas.»

«YPF significó para la historia de los argentinos la creación de una empresa petrolera estatal que tenía como objeto prioritario la defensa de los hidrocarburos como recursos de carácter estratégicos para el desarrollo económico de nuestro país.»

«Es ese el legado histórico que debemos rescatar ante la pérdida de soberanía energética que nos dejaron las privatizaciones neoliberales, y es éste un primer paso necesario, aunque parcial e incompleto, hacia la recuperación de nuestra soberanía en materia de recursos energéticos estratégicos que nos permitirán recobrar la independencia económica, sin la cual la soberanía política se torna ilusoria.»

«Es este sentido, es que desde el Partido GEN de Avellaneda, acompañamos el anuncio hecho desde la presidencia de la nación sobre la estatización del 51% de las acciones pertenecientes a YPF- Repsol, pero consideramos que esto es solo un inicio sobre política energética y que aún se está lejos de una verdadera política sobre energía que sea nacional y soberana ya que los recursos de YPF sólo representan el 30% en materia de hidrocarburos y todavía resta trabajar sobre el otro 70% para que la Argentina tenga un política seria y soberana sobre materia energética».

«Asimismo creemos que debemos pensar en una activa participación de todas las provincias a partir de un criterio realmente federal que propicie una equiparación de los recursos entre regiones, y no solo teniendo en cuenta los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas para cada una de ellas, tal como lo propone el proyecto impulsado por el gobierno.»

«En el caso de la Provincia de Buenos Aires existen refinerías, destilerías, polos y empresas que realizan procesos de producción, por lo cual creemos que no debe estar excluída de los beneficios de la distribución de las acciones, cuando participa de los procesos productivos y recibe los impactos de los mismos. Estamos convencidos de que el Estado argentino debe volver a tomar el control de sus recursos naturales y que este debe decidir soberanamente sobre la propiedad y gestión de los mismos.» – concluye.