El ex presidente Fernando de la Rúa, dos de sus ministros y cuatro ex senadores comenzaron a ser juzgados este martes por el pago de sobornos para la aprobación en el Senado de la Ley de Reforma Laboral, en abril de 2000, en el primer caso de la historia argentina en que un ex mandatario es llevado a juicio por coimas.

Sentado en primera fila, de cara a los jueces y entre sus abogados Valeria Corbacho y Jorge Kirszembaum, el ex presidente asistió a la lectura del auto de elevación a juicio del fiscal Federico Delgado, con que abrió el debate y en el que junto a las 1.080 páginas del dictamen del juez instructor Daniel Rafecas se reconstruye la maniobra para sacar 5 millones de pesos de las arcas de la SIDE y pagar los sobornos.

Junto a De la Rúa, y sentados uno detrás de otro, se ubicaron los restantes acusados: el ex director de la Secretaría de Inteligencia, Fernando De Santibañes; los ex legisladores del PJ Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo, Ricardo Branda, el “arrepentido” Mario Pontaquarto y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, quien lucía muy diferente a su época de funcionario, con pelo largo entrecano recogido con una colita.

El escándalo, que en ese momento provocó una crisis institucional con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, llegó a juicio nueve años después, tras las relevaciones del arrepentido secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, también sentado en el banquillo de los acusados.

De la Rúa y los demás funcionarios están acusados por “cohecho activo”, en tanto los parlamentarios, de cohecho pasivo, todos delitos con penalidades previstas en el Código Penal de entre uno y seis años de prisión o reclusión, con inhabilitación especial a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.

Contra lo que se esperaba, la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, sólo se ocupó en menos de la mitad de su capacidad y los jueces prohibieron la entrada de reporteros gráficos.

El único que accedió a hablar con la prensa a su llegada fue Pontaquarto, quien reiteró su intención de repetir ante el Tribunal Oral Federal 3, que integran los jueces Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons, su versión de los hechos, que realizará en dos jornadas de juicio, previstas para la semana próxima.

La principal novedad para este comienzo del debate oral, que se prolongará por al menos seis meses y contará con unos 350 testigos, radica en que De la Rúa contrató una consultora de imagen que antes del inicio de la audiencia repartió un “paper” entre los periodistas acreditados donde delineó la que será su estrategia: desacreditar en todos los aspectos al arrepentido Pontaquarto y tildar a la causa judicial de “absurda” y “construida en base a rumores.

Sobre Pontaquarto, dice que se trata de “un arrepentimiento que se basa en un poco de interés económico, rencor y avidez de protagonismo. Nunca se le hicieron pericias psicológicas, en una grave omisión de prueba”, además de aludir a sus “contradicciones”.

El “arrepentido”, que recientemente fue condenado en un juicio abreviado a dos años de prisión en suspenso por no haber devuelto al Senado dinero para un viaje no realizado, actualmente tiene custodia policial y trabaja como encargado en un restaurante cubano del complejo porteño “La Plaza”.

Sobre el pago de sobornos, De la Rúa afirmó que “no está probado ningún elemento del cobro” y escribió que “no era necesario” pagar sobornos porque la mentada ley “se aprobó con 59 por 72” votos, “ocho más” de los dos tercios necesarios.

Además consideró que se trata de “una causa absurda, llena de contradicciones, construida en base a rumores que no tienen fundamentos” y que el primer juez que tuvo el caso, el ex magistrado Carlos Liporace, impulsó la causa “sin pruebas ni testigos, construida en un anónimo” y luego “en un arrepentido no creíble y con importantes deudas de juego”.

“Yo mismo impulsé la denuncia en la Oficina Anticorrupción y levanté el secreto de Estado sobre la SIDE para que se pudiera investigar”, acotó y concluyó: Pontaquarto “estafó al Estado y me incriminó sin pruebas”.

El juicio se reanudará el martes próximo a las 10 en el mismo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el subsuelo de los tribunales federales de Retiro.