Al declarar bajo juramento de verdad como testigo en el juicio que se sigue al ex presidente y otros siete imputados ante el Tribunal Oral Federal 3, Carrió respondió con un “no me consta” ante una pregunta sobre el pago de sobornos, pero enfatizó que si existieron “la responsabilidad política” fue del ex presidente Fernando de la Rúa.

“La Alianza impidió la investigación en la Cámara de Diputados y con el rechazo al juicio político se garantizó la impunidad de (Alberto) Flamarique”, dijo, en alusión al ex ministro de Trabajo de la Alianza, uno de los enjuiciados por “cohecho”.

“Si eso se hizo”, en alusión al pago de sobornos, “no tengo dudas de que la responsabilidad política fue de Fernando de la Rúa y del Ministro de Trabajo” porque algo así “no se hace sin la orden del Presidente”, evaluó.

Carrió consideró además “absolutamente creíble” al arrepentido Mario Pontaquarto, también acusado en la causa, y evaluó que hubo “responsabilidades políticas” que justificaban un “juicio político” para el entonces presidente Fernando de la Rúa.

Aseguró haberle pedido al fallecido ex presidente Raúl Alfonsín que debía “enfrentar a los corruptos” ante lo cual un dirigente del entorno del ex mandatario le respondió: “andá nomás”.

La legisladora dijo que la sanción de la ley fue “una exigencia del Fondo Monetario internacional” al gobierno de la Alianza y que ella votó en contra, por lo cual sus compañeros de bloque “me dejaron de hablar”.

“Yo señalaba a Flamarique porque fue el actor principal de la Reforma”, explicó y dijo que se convenció de los sobornos cuando la Comisión de Juicio Político de Diputados rechazó iniciar juicio político a los mencionados en la denuncia por el pago de sobornos.

La declaraciones de la entonces diputada nacional por la oficialista UCR, avalando una tesis ya expuesta por el jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, constituyó el tramo más saliente de la nueva jornada de testimonios en que también declararon Vilma Ibarra y Carlos Corach.

Ibarra, entonces colaboradora del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez en el área administrativa, recordó que en una gestión que hizo ante el ahora imputado senador Augusto Alasino para la reducción de su planta de empleados, aquel “amenazó con no darnos el voto” para diversas leyes.

“Había un enorme desorden administrativo” en la Cámara Alta, que entonces contaba con una planta permanente de 2.000 empleados y otro millar y medio de transitorios “que en su mayoría no venían ni a cobrar, porque designaban un apoderado”.

Sobre el arrepentido Mario Pontaquarto lo calificó como “hombre de extrema confianza del senador José Genoud”, entonces presidente provisional del Senado, y como “correa de transmisión de una corporación política de senadores radicales y peronistas” que se oponía a transparentar los gastos.

A su turno, Corach, quien por entonces era senador peronista por la Capital, consideró que los dichos que Hugo Moyano adjudicó a Flamarique sobre la tarjeta Banelco para comprar los votos necesarios para la ley fueron “una referencia cómica”.

“No me consta que hubiera esa maniobra” declaró enfáticamente sobre las coimas y negó haber recibido oferta alguna, al tiempo que dijo haber votado a favor “porque era una decisión orgánica” del PJ, encabezado entonces por el ex presidente Carlos Menem y porque “coincidía con el espíritu de la flexibilidad laboral” de su gobierno.

“Conversé con (Antonio) Cafiero, que tenía la inquietud natural por las versiones (de las coimas), pero me decía que no tenía las pruebas”, sostuvo Corach en otro momento, aunque reconoció que “había versiones todo tipo, como la ofertas de plata para sancionar una ley de hidrocarburos”.