La activista que defiende a los genocidas de la dictadura fue encontrada culpable por el Juzgado 13 de la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal también dispuso que la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA) debe fijar domicilio de residencia y presentarse por dos años ante el Patronato de Liberados, el organismo responsable de supervisar prisiones domiciliarias, libertades condicionales y probation.

En tanto, los fundamentos de la sentencia dictada por el juez Guillermo Morosi se darán a conocer el próximo miércoles a las 12 en la Sala de Audiencias del Tribunal, en Beruti 3345, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se informó oficialmente.

La denuncia había sido presentada en 2009 por el integrante de H.I.J.O.S, Carlos Pisoni, ahora también representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Espacio para la Memoria (ex ESMA), quien tras presenciar el veredicto aseguró que desde esa agrupación buscan que “esto no se siga repitiendo”.

“Es difícil decir estar satisfecho cuando hay un agravio hacia la lucha de nuestras Madres de Plaza de Mayo, los organismos, hacia los pañuelos, y cuando todavía hay gente que defiende a los genocidas”, sostuvo Pisoni, en su contacto con la prensa, al término de la audiencia.

También lamentó que “haya gente que defienda el terrorismo de Estado, porque es una ofensa no sólo para los familiares de las víctimas y la sociedad”, a la vez que se mostró satisfecho sobre la condena a cumplir trabajo comunitario, porque consideró que quizás sirva para que la condenada “recapacite” y “deje de defender el Terrorismo de Estado y a genocidas”.

Pisoni estuvo presente en la sala al momento del veredicto junto a dos abogados de su agrupación, y fue quien relató luego que la apologista de la última dictadura hizo uso de su defensa ante el juez Morosi para “agraviar a los familiares de las víctimas y al Gobierno”.

Para los militantes de H.I.J.O.S “el momento que estamos viviendo es histórico, porque nunca pensamos que íbamos a ver a los asesinos de nuestros padres tras las rejas”.

“No es que el Estado me está resarciendo a mí como familiar, sino a la sociedad; pero quizás nos demos cuenta con el tiempo la importancia de los juicios por delitos de Lesa Humanidad”, sostuvo.

Cuando ingresaba a la primera audiencia en el juzgado, Pando dijo a la prensa que a “las Madres de Plaza de Mayo no les toqué ni un solo pañuelo. No sabía que era un sitio histórico de la Pirámides de Mayo, en todo caso le tengo que pedir disculpas a la Justicia porque no sabía”, pretendió aclarar.

Al respecto, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, dijo, en diálogo con la prensa, que “al agraviar los pañuelos (de las Madres) se agravia a lo que representan, que son los 30.000 detenidos desaparecidos”.

“Este es otro de los tantos juicios que se pueden realizar gracias a la política de Estado sobre los Derechos Humanos”, destacó Almeida, quien se encontraba con otra de las integrantes de Madres Línea Fundadora, Aurora Belloquio, agraviada también por los actos de Cecilia Pando.