El juez federal Claudio Bonadio advirtió hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman y su ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini “traicionaron a la Nación argentina”, al dictarles la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la pesquisa.

Bonadio los procesó como coautores del delito de “traición a la Patria”, que prevé la prisión perpetua al considerar a los tres impulsores de la firma del Memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán por el ataque terrorista a la AMIA, en un “plan criminal” que buscaba la impunidad de cinco altos funcionarios y diplomáticos iraníes con pedido de captura internacional.

Además, remarcó que les dictó prisión preventiva ante una “desfavorable impresión” sobre sus condiciones personales, al igual que ocurrió con los también procesados Jorge Khalil, Fernando Esteche y Luis D’Elía, según el fallo.

“Fernández, Timerman y Zannini se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que aprovechando los cargos públicos que ejercían -Presidente, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, respectivamente-, traicionaron a la Nación Argentina”, fundamentó Bonadio sobre los motivos para detenerlos.

Además, consideró que “en caso de seguir en libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta; como también de que la entorpecerán”.
De un total de 16 indagados en la causa, Bonadio procesó a doce acusados, seis de ellos con preventiva y dictó la falta de mérito para cuatro.

Sobre Cristina, Timerman y Zannini “su intervención en el hecho logró superar todos los controles a los actos de gobierno que tiene la Constitución Nacional pues eran ellos los que debían velar por la paz y la seguridad de la Nación”, según el juez.

Zannini “tuvo una intervención activa en todo el proceso de elaboración y puesta en marcha del memorando”, acusó el juez.

En su fallo el juez dio por probada la “existencia de una maniobra delictiva que tenía como finalidad normalizar la relaciones con la República Islámica de Irán, a costo de provocar la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní”, buscados por el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994.

“Estos funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados”, sentenció el juez.

Para ello elaboraron el Memorandum de Entendimiento con Irán y procuraron ponerlo en marcha “en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados”, dice el fallo.

“Este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner” junto a Timerman y otros acusados, advirtió el juez.

Sobre la ex Presidenta, Bonadio remarcó que “la imputada impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados y, principalmente, al canciller Héctor Timerman”.

La investigación se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando Cristina Kirchner era presidenta de la Nación.

A la actual senadora electa Bonadio le dictó el procesamiento con prisión preventiva y la embargó por 50 millones de pesos como coautora de “traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo” de la justicia, esto último en relación a los vínculos que aún conserva y podrían entorpecer la pesquisa.

Por ello pidió su desafuero para detenerla por considerar que puede entorpecer la investigación a raíz de sus contactos.
“Solicítese al Honorable Senado de la Nación, el desafuero de Cristina Elisabet Fernández, con el fin de cumplir con la prisión preventiva dispuesta (artículo 70 de la Constitución Nacional y artículo 1° de la ley N° 25.320)”, solicitó en un oficio enviado hoy a la Cámara Alta.

“Por lo menos a partir del año 2010, el gobierno que presidió Cristina Kirchner exteriorizó un cambio de postura política frente al caso AMIA, diametralmente opuesto al adoptado desde que ocurrió el atentado”, remarcó el fallo.
Y lo hizo al aceptar pedidos de ese país rechazados anteriormente “por tener como fin buscar una salida política a la causa AMIA y lograr desincriminar a ese estado y a los acusados por el atentado”.

Según sostuvo Bonadio, para consumar el delito se tramitó la firma del fallido Memorandum de Entendimiento entre Argentina e Irán, que fue aprobado por el Congreso Nacional pero luego la justicia declaró inconstitucional.

Para ello “nunca se le dio intervención a ninguna autoridad judicial de nuestro país vinculada a la causa AMIA, ni tampoco existieron diligencias tendientes a contar con la conformidad del Máximo Tribunal para llevar a cabo las medidas previstas en el memorando de entendimiento”, agregó.

“Las pruebas recolectadas a lo largo de la presente, demuestran que los imputados utilizaron diferentes órganos del estado -en este caso el Congreso de la Nación- para aparentar la legalidad del memorando y sus “buenas intenciones”, todo con el
propósito de conseguir la aprobación del mismo”, se sostuvo.

Para Bonadio es “a todas luces falso” sostener que el memorandum de entendimiento “nunca tuvo vigencia” porque -según recordó- Interpol agregó una leyenda a las órdenes de captura contra cinco iraníes donde se advertía de la existencia de una negociación entre ambos países.

Nisman denunció a la ex presidenta y a la mayor parte de los ahora procesados en enero de 2015, días antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero.