Por su parte, el embajador argentino en Colombia, Martín Balza, hizo saber al Tribunal Oral en lo Federal 5 que viajará al país en el mes de agosto y que puede declarar entonces o que está dispuesto a hacerlo por videoconferencia.

Ambas respuestas fueron hechas públicas esta mañana por la camarista María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal, al inicio de una nueva jornada del juicio oral y público que se sigue contra una veintena de represores encabezados por los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.

Esta audiencia, en la que se prevé la declaración de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Rosa Roisinblit, por la apropiación de su nieto; comenzó con la reanudación del testimonio de Claudia Bellingueri, una perito designada por la Comisión Provincial por la Memoria que analizó los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense.

En ese sentido, la perito explicó que “las acciones que iniciaban las Abuelas en Tribunales, ante los juzgados de menores terminaban en la Dirección de Inteligencia” y señaló que, en el caso de Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto, la presidenta de la entidad, “tenían copia de los expedientes completos”.

La semana anterior los jueces del Tribunal, las querellas, la fiscalía y las defensas de los represores se trasladaron a la comisaría quinta de La Plata y a la casa de María Chorobik (“Chicha”) de Mariani de donde fue secuestrada su nieta Clara Anahí, para realizar una “inspección ocular” y luego hicieron lo propio en el “Pozo de Banfield”.

En este debate, uno de los últimos testimonios fue el de una de las cofundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Delia Giovanola de Califano, quien narró las circunstancias en que su nuera Estela Montesano, secuestrada cuando cursaba el octavo mes de su embarazo, dio a luz a su nieto, esposada durante el parto, en el “Pozo de Banfield”.

En este proceso son sometidos a juicio, además de Videla y Bignone, los represores Jorge “el tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa su intervención profesional en los partos.

Todos los represores son juzgados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades en 34 casos.