Se trata del fallo que motivó las críticas de la presidenta Cristina Fernández en el día de ayer a través de su cuenta en la red social Twitter, por la serie de irregularidades que se cometieron en todo el trámite de la causa, desde su inicio hasta la declaración de la prescripción por parte de la Cámara del crimen.

“En esta causa en la que se investigan hechos gravísimos de corrupción, el juez de primera instancia estimó que había transcurrido el término de la prescripción, en base a la calificación que le asignó a los sucesos -defraudación por administración fraudulenta, en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público-, porque a su entender se había superado todo plazo razonable” para arribar a un fallo definitivo, señaló Abraldes en su apelación realizada la semana pasada, antes de que se conociera la noticia que motivó los cuestionamientos de la Presidenta.

El fiscal advirtió que las demoras que extendieron el transcurso del llamado “plazo razonable” fueron “irrazonables, insostenibles y escandalosas” , ya sea por las presentaciones de los acusados o por las propias demoras en que incurrió el Poder Judicial.

Si bien es cierto que la causa lleva 16 años de tramitación, el fiscal apuntó a que una vez resuelta una complicada cuestión de competencia entre la justicia de instrucción y la federal “lejos de re-encausarse al cabo de estos 6 años de discusiones absurdas y estériles, la acción penal legalmente promovida en autos por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se ve amenazada por nuevas decisiones equivocadas”.