Apartaron a un perito de parte por presunta destrucción de pruebas del homicidio de Ferreyra

La jueza de instrucción Wilma López, a cargo de la investigación por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, apartó al perito de parte Roberto Locles por presunta destrucción de pruebas y extrajo testimonios para la formación de una causa que deberá investigar su colega Alberto Baños.

Fuentes judiciales indicaron que la magistrada responsabiliza a Locles por haber golpeado, con el objetivo de “deformarlo”, al proyectil que provocó la muerte del joven que participaba de la manifestación reprimida por una patota de la Unión Ferroviaria y barrabravas de fútbol.

Locles fue designado como perito “de parte” por el procesado Guillermo Uño y sostiene, en discrepancia con el resto de los expertos oficiales que participaron de las pericias- la hipótesis que se trató de “un rebote” y no de un impacto directo.

“Ningún proyectil se puede deformar ni aún golpeándolo con un martillo porque es de plomo y antimonio”, dijo Locles en declaraciones periodísticas en las que aludió a supuestos enfrentamientos con los peritos oficiales.

En ese sentido afirmó que “eran ellos (los peritos oficiales) y no yo quienes tenían que preservar la prueba” y también extendió sus mantos de sospecha sobre la Policía al afirmar que “si ellos dudan de mí, yo dudo de ellos”.

Locles sostuvo que “no tengo nada que ver con (el detenido titular de la Unión Ferroviaria, José) Pedraza, no lo conozco. Yo sólo soy el perito de parte propuesto por la defensa de Uño y tengo elementos científicos para demostrar que se trató de un rebote y no un disparo directo”.

En tanto la jueza analizaba la apelación presentada a última hora del viernes contra su resolución por la cual denegó la excarcelación a Pedraza por la “gravedad del hecho”, en un temperamento semejante al que siguió para oponerse a la soltura del “número dos” del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández y del delegado Claudio Alcorcel, quienes permanecen alojados en el penal de Ezeiza.

Pedraza y Fernández están acusado de “haber participado e integrado el emprendimiento criminal previamente acordado” con los otros siete detenidos para “aleccionar a los tercerizados” para que no volvieran a cortar las vías como consecuencia de lo cual se produjo el homicidio de Ferreyra el 20 de octubre último.

Al pedir que la Cámara del Crimen revoque la denegatoria de las excarcelaciones, el abogado Carlos Froment, defensor de los dirigentes sindicales, señaló que no hay riesgo de fuga ya que “no obstante la presunción de que podría ser detenido en ningún momento (Pedraza) optó por hacerse prófugo” sino que “por el contrario, siguió concurriendo a sus lugares habituales” de modo tal que “fue aprehendido sin ningún inconveniente”.

La jueza entendió lo contrario ya que afirmó que, en caso de obtener la libertad, los imputados podrían “entorpecer la investigación”, el mismo argumento que utilizaron los camaristas Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos, integrantes del mismo tribunal que denegó las excarcelaciones de los primeros siete detenidos en la causa.

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