Se trata de los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera, los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez, y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz.

Los efectivos apartados de sus cargos se desempeñaban en el destacamento de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador cuando Arruga (16) fue visto por última vez.

La medida conocida hoy fue resuelta el 21 de enero en el marco de la Investigación Sumarial Administrativa iniciada por la Auditora de Asuntos Internos.

Se trata de la primera resolución relevante adoptada por el Ministerio en este caso que fue denunciado desde el principio como desaparición forzada y violencia institucional por Vanesa Orieta, la hermana de la víctima, quien continuó reclamando justicia sin desanimarse durante estos cuatro años.

Arruga fue visto por última el 31 de enero de 2009 luego de ser detenido por la Policía bonaerense y de ser llevado al mencionado destacamento, donde, según testigos, fue golpeado por efectivos.

El joven había salido poco antes de su casa de Lomas del Mirador a las 21 de dicho día, con 1,50 pesos en su poder hacia un ciber cercano, pero nunca regresó.

La familia sostiene que el chico fue conducido al destacamento policial local, que no estaba habilitado para la detención de personas, y que lo hicieron desaparecer por haberse negado a robar para la Policía.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la Matanza apoyó el reclamo de esclarecimiento y a nivel judicial comenzó a actuar el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que criticó el accionar de la fiscal original de la causa, Roxana Castelli.

Es que esta instructora judicial trató siempre el hecho como una “averiguación de paradero”, por lo que la familia Arruga reclamó el mes pasado que se inicie un Jury para destituirla.

A raíz de las críticas, los fiscales Carlos Arribas y Celia Cejas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte, reemplazaron a Castelli en la investigación.

El 8 de enero, estos fiscales, con el aval del juez de Garantías 5 de La Matanza, Gustavo Banco, detuvieron al oficial principal Julio Diego Torales, a quien acusaron de haber de golpeado y maltratado a Luciano Arruga cinco meses antes de su desaparición.

Esta causa conexa por “severidades y vejaciones” la iniciaron los fiscales a raíz de un hecho registrado en septiembre de 2008, cuando Arruga fue detenido por la Policía de Lomas del Mirador por el supuesto robo de dos teléfonos celulares a estudiantes de un colegio de la zona y alojado en el destacamento local.

Al declarar en la causa por la desaparición, la madre Arruga, Mónica Alegre, dijo que, al ser liberado, su hijo le contó que había sido golpeado y acusó a Torales.

Respecto de ese hecho, Vanesa Orieta contó que ella estaba en el destacamento y escuchó que los policías le gritaban a su hermano: “Te vamos a llevar a la octava para que te violen, o terminás en un zanjón”.

Los golpes aplicados en aquella oportunidad fueron constatados por los médicos del Hospital de San Justo y desde entonces el chico fue interceptado varias veces en la calle por la policía.

Al otro día de la detención de Torales, el juez Banco declinó su competencia en el caso y determinó que la causa debe ser girada al fuero federal para que se investigue como “desaparición forzada de persona”.

En caso de que la Justicia Federal de Morón no acepte el traspaso, la cuestión será resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisó Paula Litvchky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS.