El juez dio por cerrada parcialmente esta investigación y la envió a sorteo para un tribunal oral, aunque aclaró que siguen abiertas causas donde se investiga el rol que tuvieron en lo ocurrido los funcionarios de la época Carlos Corach y Carlos Ruckauf por distintos delitos como supuestos encubrimientos, abuso de autoridad, violación de deberes y hasta posible enriquecimiento ilícito en el caso del primero, según la resolución a la que accedió Télam.

Más allá del envío a juicio de la causa -la primera de todas las abiertas por las irregularidades de la pesquisa por el atentado- Lijo dio ya vista a las partes para que opinen si corresponde cerrar además otra investigación en curso y enviarla a juicio: la que tiene procesado por “encubrimiento” de la llamada “pista siria” al ex presidente Carlos Menem y también a Hugo Anzorreguy, adelantaron a Télam fuentes judiciales.

Esta última pesquisa se centra en el supuesto desvío de la investigación para evitar incriminar en el atentado del 18 de julio de 1994 en la mutual judía a la familia de Alberto Kanoore Edul -ya fallecido- y en particular a su hijo, Alberto Jacinto, debido a los vínculos de amistad que tenían con los Menem.

En la elevación a juicio, Lijo ya envió al banquillo de los acusados por el delito de “peculado”, que prevé hasta diez años de prisión, a Anzorreguy, al destituído Galeano, al ex titular de la DAIA Rubén Beraja, a los ex fiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia, al ex detenido por el atentado Telleldín y a su mujer Ana Boragni y al ex abogado de ambos, Victor Stinfale y al ex jefe de la SIDE en los 90 Patricio Finen.

En el caso de los ex funcionarios judiciales se sumaron otros delitos relativos a irregularidades en la marcha de la causa, como privaciones ilegítimas de la libertad de acusados y testigos, falsedad de documento público y “prevaricato” para Galeano.

La causa penal contra todos se abrió al término del juicio oral por el atentado, luego que el Tribunal Oral Federal 3 absolviera a un grupo de policías bonaerenses y a Telleldín, quienes habían llegado al proceso como supuestos “partícipes necesarios” del ataque terrorista en el que murieron 85 personas en Pasteur 633.

Pero a lo largo del juicio que llevó casi tres años, agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado fueron relevados de la obligación de guardar secreto por parte del gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner y entonces testimoniaron para confirmar por primera vez la existencia del pago secreto a Telleldín, a cambio de una declaración donde mencionó a policías bonaerenses como quienes recibieron de sus manos la camioneta Trafic que se usó en el ataque.

Este pago a cambio de una declaración fue considerado ilegal y el eje central por el cual los ex policías, entre ellos el ex comisario Juan José Ribelli, resultaron absueltos y se abrió la causa penal que ahora fue a juicio.

Según la acusación firmada ahora por Lijo, en el caso de Anzorreguy “se apropió en forma directa de los caudales cuya custodia y administración le fuera encomendada en razón de su calidad de funcionario público a cargo de la SIDE”, organismo que se comprobó fue el ejecutor de la entrega del dinero en dos pagos a la esposa de Telleldín, Boragni.

En la causa se dio por probado que “Telleldín recibió la suma de 400 mil dólares, que fue abonada por orden del por ese entonces juez Juan José Galeano con fondos aportados por Hugo Anzorreguy”, pertenencientes a la SIDE y “a cambio de ampliar sus dichos” en la causa AMIA, en la que estaba detenido acusado de haber sido el entregador de la camioneta acondicionada como cochebomba.

“Pudo acreditarse el conocimiento que poseían” todos los procesados “sobre la finalidad del pago a Telleldín y las circunstancias que rodearon dicha maniobra”, que empezó con entrevistas mantenidas en la cárcel por el ex reducidor de autos con dos agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Los encuentros eran filmados a escondidas del preso y luego mostrados a Anzorreguy y Galeano y la “maniobra final” se concretó “cuando se comenzaron a cumplir” las “exigencias” del reducidor “de forma convenida con el ex magistrado”.

“El aporte de Galeano al plan criminal previsto resultó de una entidad semejante que, sin aquella, el delito no habría podido cometerse en la circunstancia y en el modo en que finalmente aconteció”, mencionó Lijo en alusión a los dichos del fiscal federal Patricio Evers en su requerimiento de elevación a juicio.

Galeano fue destituido en un jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura por este hecho y actualmente, al igual que los ex fiscales, se dedica a la abogacía privada.

Para el juez, el ex magistrado del caso AMIA en los `90 “tuvo una indispensable participación para que Carlos Telleldín reciba la suma” de dinero con los fondos estatales y sus dichos le permitieron avanzar en la causa hacia el grupo de cinco policías bonaerenses que fueron detenidos y acusados como quienes retiraron de la casa del reducidor la camioneta el 10 de julio de 1994, ocho días antes de la masacre.

La Corte Suprema de Justicia resolvió en la causa principal declarar inválido todo lo hecho en la causa desde el día en que Telleldín amplió su declaración indagatoria e implicó a los policías bonaerenses, inmediatamente después de haber recibido el dinero por parte de la SIDE en 1996.

El máximo tribunal del país dejó así imputado al reducidor de autos en la causa, en virtud de lo que se dio por probado en la pesquisa hasta ese entonces, es decir, que fue el último poseedor de la camioneta Trafic usada como cochebomba y hasta el momento el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, no resolvió si volverá a detenerlo.