Al conocerse la medida judicial dictada por Torres y realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en oficinas frente al palacio gubernamental en Río Gallegos, se vinculó el accionar policial a la causa por lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez, pero desde el gobierno santacruceño aclararon que se trataba de una causa por el mausoleo donde descansan los restos del ex mandatario, en el cementerio de la capital de Santa Cruz.

El operativo se desarrolló en la sede de la Dirección General de Administración, situada en la calle Alcorta al 200, por una decena de efectivos de la PSA que estacionaron sus vehículos en el lugar e ingresaron a las oficinas llevando cajas con el objetivo de retirar documentación vinculada con la investigación judicial, dijeron las fuentes consultadas.

La orden de allanamiento fue dictada por el juez federal Torres y se concretó con la intervención de la jueza Federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien tiene competencia en el distrito porque está vacante el juzgado de la capital santacruceña.

“Es una causa de 2013. Buscan información sobre la construcción y mantenimiento del mausoleo”, confió a Télam una fuente oficial del gobierno de Santa Cruz.

La causa iniciada en 2013 busca establecer quién construyó y quién mantiene el monumento funerario erigido en el cementerio local.

Inicialmente, el terreno utilizado para tales fines eran propiedad de la intendencia de Río Gallegos y fueron cedidos a la gobernación, por lo que la justicia requirió información al gobierno provincial y luego se decidió el allanamiento en la secretaría general de la gobernación, informaron fuentes judiciales.

La confusión en los primeros momentos se originó porque el juez Sebastián Casanello ya había ordenado el pasado domingo 9 el allanamiento de la “Escribanía Albornoz”, situada también en el centro de Río Gallegos, y cuyo titular, Ricardo Albornoz, admitió que le prestaba servicios a Báez y a sus empresas.

En esa oportunidad, personal de Gendarmería Nacional retiró del lugar cajas con documentos y computadoras, después de una pesquisa que se extendió durante más de ocho horas.

La medida, en ese caso, estuvo relacionada con la denominada “Ruta del dinero K”, una investigación por lavado de activos que no es la misma que se encuentra a cargo del juez Torres.