Alejo Chornobroff: “En Avellaneda no se va a expropiar absolutamente nada”

En una entrevista con la Ciudad, el intendente explicó los objetivos y alcances de la ordenanza que creó el Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o Paralizada en el distrito, y salió al cruce de lo que definió como un “operativo de confusión y difamación” por parte de la oposición.

La reciente sanción de la ordenanza que creó en Avellaneda el “Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o Edificación Paralizada”, despertó diversas críticas por parte de buena parte del arco político opositor, tanto del orden local como nacional.

Al respecto, en una entrevista con La Ciudad, el intendente de Avellaneda Alejo Chornobroff puntualizó los objetivos y alcances de la ordenanza sancionada y fustigó los cuestionamientos mediáticos de sectores opositores, a los que definió como un “operativo de confusión y difamación”.

“La ordenanza responde fundamentalmente a razones de ordenamiento territorial”, explicó Chornobroff. “Forma parte de los planes y estrategias que nos permiten consolidar políticas públicas que promocionen la integración socio-urbana y el desarrollo sostenible. Surgió porque con Magdalena (Sierra) y con Jorge (Ferraresi) nos planteamos cómo repensamos el urbanismo, y lo hicimos a partir de las herramientas legislativas existentes, como la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Esta ordenanza municipal nos permite establecer una regulación urbanística como existe en muchos países del mundo desarrollado”, aseguró el jefe comunal.

Sobre las críticas que recibió la ordenanza, Chornobroff sostuvo: “Quienes hacemos política debemos obrar siempre de buena fe y mucho más en estos tiempos que vivimos. Estamos frente a una oposición que fue perdiendo el eje de su discurso. Un ejemplo fueron las vacunas, que primero eran veneno y después eran pocas, y más tarde con el papelón que hicieron con el tema del laboratorio Pfizer. Los vecinos y vecinas de nuestra ciudad tienen que tener muy claro y quedarse bien tranquilos que nadie les va a expropiar absolutamente nada. Ese operativo de confusión y difamación que construye la oposición y algunos medios hegemónicos es un verdadero disparate”, sentenció.

“Sería bueno que esos mismos medios les pregunten a los vecinos y vecinas qué piensan del proyecto abandonado “Estrella del Sur”, ese “elefante blanco” que tenemos sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen”, continuó. “Y no solo a quienes fueron estafados, sino a los que viven en las zonas aledañas. O que les pregunten a los vecinos y vecinas del barrio La Saladita y el barrio Núñez, por el esqueleto que tienen desde hace años a un costado del Accesos Sudeste. O que vayan al barrio El Fortín, donde tuvimos ya varias situaciones complejas en la ex aceitera BYCLA, sobre el camino de la Ribera, que a pesar de los reiterados pedidos que hicimos desde el municipio, los dueños no tapiaron ni generaron una sola acción que resguardara o ayude a prevenir todo lo que sabemos puede suceder en un espacio abandonado. En todos esos casos, los vecinos y vecinas nos piden que actuemos, y eso es lo que venimos haciendo en todos estos”.

“Este ordenamiento administrativo que nos dimos con esta ordenanza, que por otra parte aún no está reglamentada, responde a la necesidad de reconocer presupuestos básicos para el desarrollo urbano con inclusión social. La intervención estatal requiere siempre generar instrumentos legales y de gestión, en este caso puntual de gestión de suelos, como lo establece la Ley de Acceso Justo al Hábitat”, aclaró el intendente, respecto a las causas que motivaron la sanción de la norma municipal.

“Nuestro único objetivo con esto es consolidar el proceso de restitución de derechos, para seguir con la urbanización de barrios, para que nuestra pujante clase media tenga acceso a la casa propia, o bien para seguir mejorando y embelleciendo el espacio público y la infraestructura urbana de nuestra ciudad”, aseguró.

“También tiene que quedar claro que la ordenanza propone como última instancia la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación. Para eso deben haber pasado nueve años desde que ese inmueble aparece en el registro y que en ese tiempo los dueños no hayan parcelado, ni edificado y no hayan presentado el proyecto de dirección de obras particulares. Además, tampoco es forma automática ni compulsiva esa declaración de utilidad pública, sino respetando todos los procedimientos de expropiación que establece la Constitución provincial. Después de esos nueve años, recién se podría sancionar una ordenanza de declaración de utilidad pública, posteriormente tendría que salir la ley provincial que lo habilite y por último el proceso de expropiación, de acuerdo con la normativa vigente. Por eso es importante destacar que la ordenanza todavía no está reglamentada y que, tal como lo dice en su artículo segundo, falta establecer los criterios de incorporación de los inmuebles al registro. Pero lo más importante es que de ninguna manera está en juego la propiedad privada, como salieron a decir algunos concejales de la oposición”, concluyó Chornobroff.

Osmar Percudani

noticias relacionadas