El evento estuvo encabezado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, el vicegobernador Daniel Salvador, y el procurador General Julio Conte Grand, entre otras autoridades.

“La decisión política de la Gobernadora, María Eugenia Vidal, acompañada por la Procuración General, es la de trabajar sobre la violencia que puede ser ejercida respecto de las personas que están en situación de encierro”, explicó Ferrari, y subrayó: “Hay una asimetría que siempre existe entre un Estado con el monopolio de la fuerza y los particulares, que deberían estar resguardados respecto de sus derechos; algo que se manifiesta especialmente cuando esas personas están en situación de encierro”.

En este sentido explicó: “Si algo atenta contra la integridad, la dignidad, o contra la vida de las personas a través de la violencia institucional y con más razón si esa violencia se da en nuestras cárceles, esto implica que a la restricción de la libertad y a la pena que tienen estas personas, se incorporan otras penas en los cuerpos”.

Tras ofrecer un balance sobre las medidas tomadas por el ministerio a su cargo en el tiempo de intervención del Servicio Penitenciario, Ferrari subrayó la importancia de generar un cambio en la formación penitenciaria: “Unido a esta decisión política, esperamos implementar a partir de la aprobación de un nuevo estatuto penitenciario, una formación profesional con criterios muy diferentes: los agentes que pretendan ingresar deberán pasar por filtros importantes en lo que hace a antecedentes sobre posibles violaciones a los derechos humanos y con materias especificas que tienen que ver con esta decisión política de trabajar firmemente en contra la violencia institucional”, especificó.

Del mismo modo, remarcó que se trabaja también sobre los agentes penitenciarios activos, a partir de “la división entre asistencia / tratamiento, y seguridad, porque en rigor nadie fue formado para los dos roles, sino sólo para el control, por lo tanto es esencial promover un cambio cultural en ellos”.

A la exposición del ministro precedió la del secretario de Derechos Humanos de la Provincia Santiago Cantón; el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; y el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.